La implantación del franquismo en Elda: poder local y actitudes políticas

Masivo recibimiento a los excombatientes eldenses de la División Azul. 1954.

En ambas etapas van a ser alcaldes dos políticos que definen completamente a los dos grupos que lucharon por hacerse con el poder, José María Batllés y José Martínez González.

José María Batllés, según los informes de FET, era «el único camarada en esta ciudad que puede encauzar y regir, dentro del nuevo estilo, los verdaderos destinos de nuestra organización» (33). Durante su mandato las sesiones del ayuntamiento comenzaban al grito de ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! y se cerraban con el Cara al sol (34). Fueron los años de retórica falangista y manifestaciones del ritual fascista en un ayuntamiento en cuya fachada predominaban los signos externos de la «revolución nacionalsindicalista», apareciendo adornado con el yugo y las flechas y por las banderas de FE y la CT.

En su primer pleno como alcalde (35) tomó tres medidas que demuestran el nuevo espíritu que quiso dar a la corporación, acordando la adquisición de una lápida «con una cruz de mármol en la que figuren los nombres de los caídos por Dios y por España encabezados por el de José Antonio que será colocada en la fachada del ayuntamiento hasta que haya Iglesia». Decretó también «que los vecinos engalanen sus balcones con colgaduras nacionales de obligación ineludible observación por los vecinos de las calles principales». Y nombró a José Sedano Serna, primer teniente de alcalde y delegado de Información e Investigación de FET y de las JONS, como asesor de información de la alcaldía, con lo que se producía una imbricación total entre el partido y el ayuntamiento, ambos comandados por Batllés, quien recibió la alcaldía por parte del gobernador civil «solicitando el servicio y el sacrificio necesarios a España, procurando que la Comisión Gestora constituida actúe como órgano consultivo y conciencia de partido único por deber a la FET y de las JONS, evitando toda clase de rozamientos y defectos del sistema parlamentario» (36).

En el pleno siguiente, Batllés consiguió que la corporación le autorizase para llevar a cabo una nueva revisión «de todo el personal dependiente del ayuntamiento en cuanto a su depuración y afección al Movimiento», además de proponer la revisión de un número de calles «para roturarlas con nombres de hijos del pueblo preferentemente caídos de la revolución» (37).

Como consecuencia de la política llevada a cabo por Batllés, dos gestores, industriales y derechistas, abandonaron la comisión gestora «por desavenencias con la política local (38). Pero el hecho más característico de los conflictos que se sucedieron en Elda durante la implantación del régimen ocurrió bajo su mandato cuando, en agosto de 1941, denunció ante el Gobierno Civil una campaña de difamación contra su persona y otras autoridades«camaradas jóvenes de las Falanges combatientes que no entienden de caciquismos ni conocen los procedimientos rastreros….que intentan realizar por el único camino que nos marca el caudillo la revolución nacional»(39). Las difamaciones estaban hechas por unas «autoridades caciquiles indignas, profesionales de la política, representantes de los intereses creados y del capitalismo judío». Pese a la fraseología falangista, tan al gusto de la época, hay que tener en cuenta que el caciquismo, como sistema político, hacía tiempo que había sido sellado en España, por lo que no hay que dar más contenido a las palabras que pura retórica, y no ver más en el conflicto que la lucha por el poder.

Como consecuencia, se produjo la detención y arresto en el retén municipal de hombres como Julio Beneit, quien tras la caída de los falangistas ocupará el cargo de primer teniente de alcalde, curiosamente en una nueva comisión gestora de la que formaron parte los dos gestores que la habían abandonado bajo el mandato de Batllés.

Lo cierto es que José María Batllés fue denunciado un mes después por la Fiscalía de Tasas por Decomiso Ilegal y condenado a pagar 200 pesetas de multa, al tiempo que el Gobernador Civil ordenaba la puesta en libertad de los arrestados.

La llegada al Gobierno Civil, a fines de 1942, de José María Paternina, como secretario, significó un duro golpe para los falangistas de toda la provincia (40). En los primeros meses de su actuación realizó una labor de depuración dentro del partido encaminada a anular políticamente a los elementos más combativos y molestos. Tan sólo dos meses después de su llegada, desde el Gobierno Civil se renovaba completamente la comisión gestora de Elda, que quedó formada por un personal político en su totalidad de derechas encabezado por José Martínez González y que, socialmente, tuvo en los industriales el grupo más influyente con diferencia, tanto cuantitativa como cualitativamente, constituyendo un 50% del personal político, entre los que destacan los cargos de alcalde y tenientes de alcalde.

La figura de José Martínez González ilustra el personal político por el que el régimen optó finalmente y los nexos que existieron entre el poder político y el mundo económico. Procedente de las filas de la D.R.V., fue nombrado alcalde en 1943 y ratificado por el gobernador civil en las elecciones de 1948, fue procurador en Cortes en representación de los ayuntamientos de la provincia en 1946, siéndole concedida la Medalla de Oro de la Orden de Cisneros en 1949. Se encargó también desde el principio de la Delegación de Auxilio Social de Elda, cargo que compaginó con una activa labor en el sindicato de la Piel. Su carrera económica fue tan fulgurante como la política: al finalizar la guerra se convirtió en presidente de la recién transformada sociedad anónima Rodolfo Guarinos, una de las fábricas más importantes del sector en la provincia, cuyo capital desembolsado en 1939 ascendía a 3.000.000 de pesetas. Además, formó parte del consejo asesor del Banco de Elda (41).

Quizá el único punto en común que tuvo con el anterior alcalde es que también fue denunciado por la Fiscalía de Tasas, esta vez por autorización de precios abusivos; por lo que tan sólo fue advertido por el Gobernador Civil, lo que demuestra la fuente de corrupción que supusieron los ayuntamientos durante los años cuarenta y la inoperancia de las autoridades ante ella (42).

Las elecciones de 1948 (43) no produjeron cambios cualitativos, simplemente ratificaron en sus cargos al alcalde a y sus hombres de confianza, permaneciendo cinco gestores de la anterior corporación. No es hasta 1955 cuando se produce en Elda el relevo generacional.

El estudio de la profesión de los cargos políticos que ocuparon las gestoras entre 1939 y 1948 nos confirma cuál fue la base social sobre la que se apoyó el régimen (44). Hay que destacar en primer lugar, como vemosen el cuadro III, el hecho de que en 1943, en época de dificultades extremas, la posición económica de los gestores no era lo más representativa de la sociedad del momento.

Los sectores con mayor actividad entre los gestores fueron el terciario y el secundario, destacando la exigua importancia del sector primario, propio de una zona que había alcanzado la modernización económica por medio del desarrollo industrial como era Elda. Mientras en el sector terciario destaca la presencia de empleados y comerciantes, la profesión de industrial domina en todo el espectro político, constituyendo a partir de 1943, tras la caída de los falangistas, el 50% de los cargos (45). Este es un indicativo más del papel de los nuevos sectores falangistas, alejados de las profesiones que detentaban el poder tradicionalmente. Observamos en el cuadro 4 cómo la base social de los falangistas es el sector terciario, mientras entre los derechistas hay una abrumadora presencia de industriales que, como observamos en el gráfico 2, sólo representaron una minoría en las gestoras durante el periodo de influencia falangista.

Los falangistas sucumbieron, pues, ante los poderes tradicionales locales, que no sólo dominaron los consistorios sino que se hicieron con la dirección del partido único. En 1949 el Jefe Local ya no tenía antecedentes falangistas, como sus antecesores, sino que procedía de la D.R.V. (46)

La base social sobre la que el régimen extrajo su personal político fue, pues, la de las clases tradicionalmente dominantes, que se habían identificado siempre con la derecha política, lo que demuestra las consecuencias restauracionistas a nivel social y político del régimen franquista. El hecho de que el régimen optara por personalidades con influencias en la localidad y representantes de las clases sociales tradicionales ampliaba el grado de posibilidad de consenso que buscaba para implantarse a nivel local. En última instancia, los derechistas se hicieron con el poder, pero no por motivos ideológicos sino socioeconómicos. Se trataba de grupos que habían visto peligrar su situación de privilegio durante el periodo republicano y que ahora iban a estar agradecidos al régimen por devolverles a esta situación, pero sabiendo además, que ésta dependía de su adhesión y afección a la «Causa Nacional», en definitiva de su fidelidad al régimen, o sea, a Franco.

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