Dentro del creciente y constante desencanto de los ciudadanos con la realidad política y social en la que vivimos (y que cada cierto tiempo desemboca en una manifestación multitudinaria), el sector de la dependencia ha sido de los que más se ha hecho oír. Hay varios caballos de batalla en el sector; la Ley de Dependencia, especialmente en la Comunidad Valenciana, es uno de los más perennes en este sentido.

El grupo socialista municipal ha vuelto hoy a referirse a la cuestión en términos muy duros: «El PP valenciano trata con crueldad a los dependientes». En su opinión,  «el gobierno valenciano ha boicoteado la Ley de la Dependencia desde su aprobación en 2007, hecho por el cual a día de hoy casi 22.000 personas dependientes de nuestra comunidad tienen reconocido el derecho a una prestación y no lo están cobrando. De ahí que el observatorio de una nota de 0’8 sobre diez a la aplicación de la ley en la Comunidad Valenciana, situándonos en el último puesto del ránking de comunidades y muy por debajo de otras como Andalucía que obtiene un 7’1».

Igualmente, el partido ha denunciado que por la Ley 10/2012 Fabra obliga a los dependientes a abonar entre el 40% y el 50% del precio de los medicamentos, “cuando los tratamientos en algunos casos pueden ser complejos y a las familias les cuesta un auténtico dineral”.

«Existe una verdadera cruzada del PP contra la dependencia, recortando derechos y recursos y paralizando la aplicación de la Ley. El Gobierno de Rajoy decidió nada más llegar dejar sin incorporar a 400.000 dependientes moderados y que 150.000 cuidadores del entorno familiar ha perdido su cotización a la seguridad social y han visto recortada un 15% sus prestaciones. Respecto al presupuesto,  de los 1.700 millones de euros de 2011, se pasó a 1.400 millones en 2012 y sólo se han presupuestado 1.170 para este año. Todos estos datos hablan solos», han concluido.