Todos los grupos municipales en la oposición se han levantado contra el decreto 113/2013 del PP valenciano, mediante el cual se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos que se han de percibir en el ámbito de los servicios sociales -es decir, cuánto y cómo abonarán las personas usuarias de los recursos y servicios sociales-: avisó el Bloc, el PSOE recogió firmas -más de 2.300- en la localidad en contra del mismo y recientemente Izquierda Unida ha anunciado una campaña, «Contra vuestros repagos, nuestros derechos». El Partido Popular, por su parte, expuso su opinión sobre el asunto en este periódico en un reciente artículo de opinión con un titular muy claro: «La verdad del copago farmacéutico, doloroso pero necesario«.
Hoy, los socialistas han vuelto a denunciar esta decisión, informando de «la situación de indignación que muchos colectivos del ámbito de los Servicios Sociales». Ciertamente, ya conocemos, por ejemplo, la preocupación de Cocemfe Alicante, que esta semana ha reunido a sus asociaciones para analizar la nueva realidad que se abre ahora. Para los socialistas, «este decreto se traduce en que se ha extendido el copago a aquwllas personas en situación de dependencia pero que no tienen reconocida legalmente su situación de dependencia, pese a sí necesitar de los recursos y servicios para su atención. En este sentido, el decreto apunta a que todos aquellos que superen el IPREM en su pensión, es decir, que su pensión sea superior a 500€, se les puede cobrar hasta el 90% del coste mensual del servicio o recurso que utilicen».
«Además», en palabras del concejal socialista Joaquín Corpus, «este decreto viene acompañado de una reducción generalizada del 15% de las subvenciones para los centros, residencias y demás servicios de la red». Por lo que Corpus apunta que, “si a los recortes en los centros para atender a las personas en situación de dependencia, le sumamos un copago a estas mismas personas por utilizar dichos recursos, el resultado será que muchos no podrán permitirse acudir a los centros y estos, tendrán que cerrar”. Por todo ello, ha asegurado Corpus que “se trata de un desmantelamiento del sistema de atención a la dependencia”, por lo que ha emplazado al PP a apoyar a los centros y a las personas en situación de dependencia de Petrer y dejar de lado este «boicot» a la red de servicios sociales.