Bajo la amenaza de desaparición por el impago de un millón de euros en subvenciones, hace unas semanas el colectivo de la Asociación Pro Disminuidos Psíquicos de Elda y Comarca (ASPRODIS) decidió coger el toro por los cuernos e iniciar una marcha no sólo para revertir su situación, sino también para hacer visible a un colectivo, el de la discapacidad, «que está siendo tratado sin dignidad ni respeto por las administraciones». Así, trabajadores y trabajadoras de Asprodis, junto a padres, madres, usuarias y usuarios de todo el sector del País Valencià, iniciaron una marcha a pie de diez días por distintos centros de Alicante y Valencia, que concluyó el pasado jueves con una gran manifestación en la Plaza de las Cortes Valencianas. Es más, nueve representantes del colectivo irrumpieron en el pleno de Les Corts para hacer oír sus reivindicaciones y acabaron siendo desalojados.
Poco antes del desalojo. Foto de Irene Mansilla.
Pero el asunto va más allá de la abultada deuda del Consell. Lo que de verdad preocupa a estos colectivos es el futuro que les está dibujando la administración pública valenciana con el plan de financiación de los centros de discapacitados planteado para el próximo año. Un modelo contra el que se han levantado trabajadores, familiares y usuarios al considerar que «atenta contra la calidad de vida de los discapacitados y enfermos mentales». Y es que, además de la tijera que tiene pensado meter Conselleria en el sector con el recorte de 15 millones de Euros, el nuevo plan fulminaría los conciertos con entidades sin ánimo de lucro, sustituyéndolos por subvenciones anuales, con lo que no se comprometen a inyectar una cantidad fija cada año que asegure su continuidad, lo que les imposibilita además acogerse a pólizas de crédito para mantenerse en épocas complicadas al desconocer si podrán hacer frente a ellas en el futuro.
La marcha de diez días quizá haya sido sólo el comienzo.
Otro de los puntos del plan que levanta ampollas en el colectivo es el repago que tienen que asumir los familiares de los usuarios de los centros, que van a tener que pagar no dos, sino hasta tres veces por un mismo servicio. «Aparte del dinero que pagan las familias al Estado a través de sus impuestos, ya daban dinero aparte para que sus hijos sean atendidos en estos centros, y ahora el BOP obliga a un nuevo pago. Esto lo que provocará es que muchas familias no puedan hacer frente a esta inversión al tener que pagar tres veces por lo mismo», denuncia Juanjo Pérez, trabajador de Asprodis. Este cuidador alerta además sobre otra de las consecuencias de la implantación de este nuevo modelo de financiación, que destruiría gran cantidad de programas de integración social, emocional y laboral: «Los centros ocupacionales se van a convertir en guarderías, en centros de hacinamiento sin programas terapéuticos ni de integración, por lo que muchos están condenados a desaparecer y con ellos la calidad de vida de sus usuarios».
Ante este panorama poco alentador, los colectivos de la provincia, lejos de agachar la cabeza, se muestran más fuertes que nunca. A lo largo de este año, se han unido varias veces para elevar sus quejas contra el Consell: primero reclamando a través de variasconcentracionesel pago de la deuda, que sufrían directamente los trabajadores con el retraso en el cobro de sus nóminas, y más tarde para sumar a esa causa la paralización del plan de financiación así como la creación de una mesa de negociación donde queden representados padres, trabajadores y usuarios de los centros y la administración, con el fin de llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes.
Precisamente, estas tres reclamaciones fueron el punto de partida de la «marcha por la discapacidad», que ha logrado reclamar la atención de la población, de los medios de comunicación y también de los políticos locales de algunas poblaciones de la provincia, que ya han apoyado una moción para presentarla a las Cortes y «hacer presión al Gobierno Autonómico» (Petrer aprobó en el último pleno esta moción presentada a través de EU).
«El Consell nos ha ahogado para desviar la atención sobre el plan de financiación»
Con esta ‘marcha roja’, que partió el 19 de diciembre de Villena, culminando el recorrido de 200 kilómetros a pie diez días después tras pasar por varios centros de la comunidad, el sector consiguió el compromiso del Consell de Bienestar Social, Jorge Cabré, de abonar 10 millones de Euros de forma inmediata y otros 30 antes de final de año para saldar la deuda. Sin embargo, nada se dijo del plan de financiación que tanto preocupa al colectivo, «y que es lo que principalmente reclamamos porque, aunque es cierto que llevamos meses sin cobrar, lo que más nos importa ahora es que se dé marcha atrás en este modelo», afirma Juanjo.
En este sentido, el trabajador de Asprodis, expone una opinión que comparte el sector: «Creemos que la estrategia del Consell ha sido mantenernos ahogados, arrastrar la deuda al máximo con los centros para mantener centrada la atención en esta reivindicación y que no se hablara del verdadero problema, que es la aprobación del plan de financiación».
Pero si algo tiene claro este colectivo de la discapacidad es que no descansará hasta conseguir que las políticas sociales aplicadas por los gobiernos no arremetan contra los propios ciudadanos, en especial contra los más vulnerables. «Seguiremos luchando y alzando la voz por ellos, por esos chavales que ya forman parte de nuestra familia y que necesitan que alguien luche por ellos», indica Juanjo.
De momento, lo que han conseguido es que distintos centros de la provincia aúnen sus fuerzas «por el respeto y la dignidad». «Hemos entrado en contacto unos centros con otros, porque la situación nos afecta a todos. Hemos celebrado asambleas, coloquios…para informar de la situación real y unirnos todos para paralizar este plan que va a dejar al sector sin futuro», señala este trabajador, que además nos adelanta que están preparando nuevas acciones, aunque todavía están por concretar. Por lo que el colectivo, lejos de parar, sigue «en marcha».
