Los 113 trabajadores que componen la plantilla de la Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos de Elda y Comarca (ASPRODIS) y que atienden a 200 discapacitados llevan desde el pasado mes de febrero sin percibir sus nóminas, que oscilan entre los 900 y 1.500 Euros . Esta situación tiene su punto de partida, como viene sucediendo con otros colectivos sociales, en el retraso del pago de la Conselleria de Bienestar Social al colectivo, una deuda que en este caso asciende a 1,5 millones de Euros correspondientes al primer cuatrimestre del año.
Con el fin de difundir esta situación, el Comité de empresa de ASPRODIS se reunió la pasada semana con la diputada de EU Esther López Barceló, a la que trasladó la preocupación de los trabajadores ante «la desesperada situación en la que se encuentran las arcas de la asociación». En este sentido, López ha denunciado que “las asociaciones sin ánimo de lucro que gestionan la mayoría de centros de asistencia a disminuidos psíquicos sufren de manera peligrosa los impagos del Consell”, tal y como viene sufriendo este colectivo que, a pesar de que sus trabajadores «cumplen sistemáticamente con su obligación y su objetivo, el gobierno valenciano los ignora e incumple reiteradamente sus obligaciones de pago». «Es muy infame que para la Conselleria de Bienestar Social no sea prioritario acabar con los impagos reiterados a estas organizaciones, cuya tarea resulta fundamental», ha indicado López.
Para la diputada de EU, se trata ésta de una “situación intolerable que enmascara una estrategia por parte del PP para acabar con los mecanismos de supervivencia de estas asociaciones sin ánimo de lucro y así explotar la gestión de la asistencia social, únicamente, a partir de empresas privadas”.
Con el fin de ahondar en esta problemática y exigir soluciones y responsabilidades, López Barceló ha registrado una pregunta en Les Corts al conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, a través de la que, además, se persigue conocer el número exacto de asociaciones o empresas del área social con las que el gobierno autonómico tiene deudas contraídas.