El portavoz de Compromís Petrer, Miquel Campello y el responsable del área de comunicación, Javier Mas, han presentado esta mañana la página web http://auditoria.compromis.ws/ donde la coalición pone a disposición de la ciudadanía un informe donde se explica qué parte de la deuda pública valenciana es legítima y cuál ilegítima.
En este sentido, Campello ha señalado que la deuda pública de la Generalitat a 31 de diciembre de 2012 se situó en 29.437 millones de euros, la cifra más alta de toda la historia. Una deuda por la cual habrá que pagar, según los datos de la coalición, 1,292 millones de euros de intereses, lo que representa uno de cada diez euros del presupuesto.
Según señala Campello, el estudio realizado por el Área Sectorial de Economía de Coalició Compromís, a 31 de diciembre de 2011 -últimas cuentas fiscalizadas por la Sindicatura de Cuentas-, informa que la deuda ilegítima de la Generalitat Valenciana ascendía a más de 2.942 millones de euros entre capital e intereses. Prácticamente, 500.000 millones de las antiguas pesetas, más del 10% de todo el dinero que debe la Generalitat actualmente, que generan diariamente más de 500.000 euros de intereses (20.000 euros por hora). Con ese dinero, según Compromís Petrer, se podrían construir 39 hospitales o 300 escuelas.
En consecuencia, Javier Mas ha apuntado la responsabilidad de las políticas que ha llevado a término el Consell gobernado por el PP desde 1995 en materia presupuestaria, «con sus proyectos megalómanos y de obras públicas de dudosa rentabilidad social, además de una deficiente financiación histórica». También ha recordado el caso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A, empresa pública que pagó los convenios con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarín, aún teniendo pérdidas, «obligando a la ciudadanía del País Valenciano a suscribir ampliaciones de capital y a endeudarse por ello».
Por último, en el mismo estudio Compromís, solicita la puesta en marcha de una auditoría externa que clarifique la cantidad de deuda que puede ser considerada ilegítima y la necesidad encontrar los instrumentos legislativos necesarios para impedir que se vuelva a generar más. Según la coalición, toda la información que se ha usado para este informe es pública en las liquidaciones de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana.