Irreconciliables

Si la política es el arte de vivir en convivencia, nuestros representantes durante la II República no estuvieron a la altura de tal lid. La democracia moderna no ha vuelto a conocer tales disputas, incluso el mismo gobernador civil y hasta el ministro tuvieron que venir a mediar en el asunto, a tratar de pacificar dos facciones a la gresca. Pero no fue suficiente.

Como hemos dicho, las causas formales de tal desatino se iniciaron con la elección popular de Nicolás Andreu Maestre y Luciano Montesinos. Considerados monárquicos por los concejales de ideología más abiertamente reformista, sufrieron mofa y escarnio de estos en su toma de posesión. Quisieron dimitir, pero se les denegó, pues sólo podía hacerse por causas tipificadas en la ley. Nicolás y Luciano pasan así lo que llamaremos un año en el limbo, sin saber si están dentro o fuera de la corporación. Por su parte, los concejales a los que hemos llamado reformistas no pararan hasta verlos fuera.

En la sesión de febrero y marzo de 1932 la intensidad de la agitación alcanza su apogeo. La sesión de pleno del 24 de febrero la preside Pedro Tormos, delegado del gobernador de la provincia, que se hallaba al corriente de lo que ocurría. Pero ya desde el principio las situación se tuerce…”Por el señor delegado se ordenó al secretario que se procediese dar lectura al acta de la sesión anterior y apenas iniciada se promovieron algunos incidentes ruidosos en el salón, que motivaron un barullo de protestas y aplausos llegando algunos grupos a la agresión mutua; con lo cual, visto el cariz que tomaba el acto, el señor delegado, después de dirigirles varias exhortaciones con el fin de serenar los espíritus y hacer prevalecer el derecho, no pudo lograr la pacificación y las obligaciones que tenían cada uno de los ciudadanos presentes (..). Creyó prudente en aquellos momentos suspender la sesión, a las nueve y media para reanudarla a las diez y media. Reanudada la sesión a la hora antedicha y dado lo avanzado de la misma bajo la presidencia del señor delegado, creyó éste prudente dirigir algunas palabras al auditorio interesando del mismo la corrección y cordura que se debe de observar en estos actos, reveladores ambos de la cultura de un pueblo como el de Petrel, que siempre le había merecido al señor delegado un concepto muy elevado, bajo el punto de vista de ser un pueblo altamente democrático y amante de las libertades públicas. Seguidamente por el señor delegado se dio posesión a los señores concejales elegidos por elección popular el 12 de abril de pasado año don Nicolás Andreu Maestre y don Luciano Pérez Maestre, los cuales quedan inmediatamente posesionados de sus cargos sin haber formulado protesta de ninguna clase”.

¿Pero acaso zanjó esto la polémica? La siguiente sesión, del 9 de marzo, contempla dichos actos: “al declarar abierta el señor alcalde la sesión y cuando el señor secereatrio se dispone a dar lectura al acta anterior, pide la palabra el concejal señor Pascual González para manifestar que los señores Nicolás Andreu y Luciano Pérez no deben estar allí, porque él ha tenido una conferencia a las cinco de la tarde con el excelentísimo señor subsecretario de gobernación y en ella le ha manifestado que dará órdenes para que los mencionados concejales no se les tenga en cuenta por ser admitida su dimisión. Dice que el abandona el salón si estos señores están allí”.

“El concejal señor Millá hace constar que como el señor delegado del gobernador civil les dio posesión, hasta que no se reciba una contraorden deben estar allí y por lo tanto se opone a que se marchen como solicita el señor González. Pide la palabra el concejal señor Amat para manifestar que él no acepta las órdenes del señor gobernador y que este no ha hecho más que cometer una arbitrariedad. El concejal señor García se manifiesta en el sentido de que se cumpla la orden del señor Gobernador y que se reanude la vida municipal que por estas cuestiones políticas se haya interrumpida más de un mes y que se dediquen de pleno a la administración del pueblo. Los señores Chico de Guzmán, Payá y Millá así como Villaplana dicen que no se pueden ni se deben de marchar por haberlo dispuesto el gobernador. El concejal señor González insiste en que no vengan a las sesiones, que ya llegará la orden de ello. El señor alcalde toma la palabra para manifestar que desea el bien del pueblo, y cree que no se deben de ir y que es mejor suspender la sesión. El señor González dice que él se retira si esos dos señores están allí, por ser estos dos extraños”.

Como quiera que el problema se eternizaba, a finales de ese mismo mes de marzo se lee en el pleno un informe donde el ministro aclara, sin meterse muy a fondo tampoco en tan enmarañado tema, que existe otra disposición que no unía la dimisión a determinadas situaciones legales, sino, digámoslo así, al libre albedrío, por lo que Nicolás y Luciano se hallan “decaídos en su derecho”. No volverían en los años de la República.

Pero eso fue la gota que colmó el vaso para los concejales Andrés Payá Poveda, Santiago García Bernabéu, Juan Millá Aracil, Isaías Villaplana Díaz y Francisco Chico de Guzmán, que poco tiempo después dejarían de asistir a los plenos y se negarían “a firmar las convocatorias (en el pleno del 7 de septiembre, ya meses sin ellos, la presidencia denuncia que habían llegado “hasta poner en algunas de estas convocatorias tonterías que no vienen al caso”), las que tienen que ser firmadas por testigos”. Sólo acudirían de nuevo, esporádicamente, para enfrentar resoluciones de la corporación bajo mínimos que habían dejado, empatando siempre a cinco esos acuerdos (que no obstante prosperaban por el voto de calidad del alcalde), entre reproches y descalificaciones entre los dos bandos.

Pasionales y con arrestos defendiendo sus ideas, todos estos hombres, sin embargo, no supieron encontrar el necesario término medio y lamentables son tantos altercados, entrando en ocasiones incluso en el terreno de lo personal.