“Comenzamos por dar la bienvenida a los nuevos gobiernos autonómico y locales, y pedirles reuniones de trabajo, primero con los que tienen más de 20.000 habitantes, pero extendiéndolo a todos”, ha asegura el presidente de la confederación alicantina, Cristóbal Navarro.

La Junta Directiva de CEPYME Alicante abre así, según explica, «un ambicioso plan para estar presente en todos los rincones de la provincia, en todo lugar donde pueda haber una pyme y donde un empresario precise que lo ayuden y lo protejan contra un ecosistema el de las pymes, son cada vez menos sostenibles».

Una de las primeras peticiones de la Confederación al nuevo Consell de la Generalitat Valenciana será solicitar que derogue la Ley de Participación Institucional, aprobada por el anterior gobierno. «Desde CEPYME se ha denunciado y perseguido hasta la saciedad el servilismo político, la dependencia de las organizaciones empresariales y el despilfarro del dinero público, a la vez que ha defendido la oportunidad de las minorías y los intereses de las PYMES.»

Una ley polémica

«Con numerosos conceptos incompletos y hasta discutibles, en la Ley 7/2015», ha desarrollado Navarro, «se citan como interlocutores únicamente a las organizaciones que tengan rango autonómico, lo que supone una grave discriminación para aquellas de ámbito provincial que aún siendo las más representativas, no se encuentran incorporadas en otras de rango autonómico».

CEPYME Alicante considera que, con esta ley, lo que se hace es “comprar” la paz social, «al precio de anular a los agentes sociales y, en particular, a los que representando a las más pequeñas empresas no tengan ni siquiera representación en las instituciones.   La ley de Participación Institucional rescata a unas organizaciones que, al menos en algunos casos, no han efectuado ni el debido ejercicio de evitar los gastos supérfluos e injustificados».

Para el presidente de la confederación, su articulado permite situaciones inadmisibles: “¿Cómo puede defenderse que los secretarios de las principales patronales de la Comunidad Valenciana tengan retribuciones más altas que el Conseller que las autoriza? ¿Cómo se garantiza la igualdad de oportunidades en entidades financiadas casi en su totalidad con dinero público en asuntos como el empleo directo? Y eso no es todo, las asignaciones a los agentes sociales, se establecen sobre cuentas ya cerradas, que el propio Gobierno actual, sospecha que no recogen la imagen fiel de la situación de las arcas públicas.”

Un margen de confianza para las nuevas corporaciones 

Cristóbal Navarro insiste en que el organismo no tiene ningún color político, “únicamente tenemos el sudor del esfuerzo empresarial, el mismo que hemos utilizado para denunciar las corruptelas y el escenario que hemos vivido, es el que aplicaremos en apoyar a los nuevos gobiernos legítimamente elegidos, tanto cómo se dejen y tanto como quieran construir empresa y empleo, que es nuestro principal objetivo”.  Desde la confederación se seguirá con interés los nuevos pasos que se realicen, aunque “dando el margen de confianza que cualquier nuevo gobierno se merece, estamos dispuestos a trabajar duro y dejarnos la piel, por la mejora de nuestro entorno, de nuestra economía y de nuestra sociedad”.

La Confederación Empresarial de las PYMEs de la provincia va a pedir a los nuevos gobiernos locales y a las nuevas Consellerias, un marco de sostenibilidad para las pequeñas y medianas empresas y de transparencia para que, en la opacidad, “no se escondan los abusos de los grandes, una igualdad de derechos para los distintos operadores sociales y una seguridad jurídica que va siendo hora que comience a brillar”.

Ante las voces discrepantes de otras organizaciones, CEPYME expresa su firme propósito de apoyar a todos aquellos responsables públicos que demuestren preocupación real por el empleo y la recuperación económica real, y no la de las grandes cifras macroeconómicas, para construir una provincia mejor y para superar la situación económica que nos han dejado los gobiernos salientes.