Como citaba en mi colaboración anterior, la corrupción del Estado es el síntoma que más debería preocupar a los ciudadanos. En ello nos jugamos lo que deberíamos considerar una de las condiciones básicas para nuestro desarrollo personal y el de nuestro País que es la libertad individual. Desgraciadamente en España esta tendencia resulta endémica cuando nos gobierna el Psoe: antaño fue la corrupción del Partido con los casos Filesa y adláteres, la del Tribunal Constitucional con el caso Rumasa, la del propio Gobierno con los Gal, los fondos reservados o el espionaje a personalidades, y otros. Hoy tenemos las escuchas y actuaciones judiciales sospechosas del caso Gürtel  y a falta de estallar, los casos Faisán (tal vez el más grave de todos los caso de corrupción de Estado en toda nuestra era democrática).

El caso Faisán es un hecho probado: una operación antiterrorista dirigida por el juez Marlasca encaminada a detener el aparato recaudatorio de los chantajes de ETA. Cuando tal actuación va a ejecutarse, un chivatazo a los terroristas DESDE LA MISMA POLICÍA frustra la operación y evita las detenciones.  Es innecesario anotar que los dineros que chantajea ETA son igual a más extorsiones y más asesinatos de inocentes.

Pese a la poca información que al respecto nos han facilitado aun los medios de comunicación, quien la haya seguido, convendrá que las chapuzas que se han denunciado, desde quitar de en medio a Marlasca y traer corriendo a Garzón de Estados Unidos para que se hiciese cargo del desaguisado y guardara el asunto en el baúl de los recuerdos más de tres años sin investigar, hasta quererlo sobreseer “por falta de pruebas” o tergiversar, manipulando y borrando los vídeos que pudieran servir para detener a los culpables, ha sido “todo un poema” de cómo un Gobierno garantiza la seguridad de sus gobernados.

En este caso hay policías, fiscales y jueces, al servicio de los intereses del partido gobernante, abusando de la confianza y del poder que los ciudadanos les confiamos, usados en beneficio de sus intereses partidistas y en detrimento de toda la ciudadanía española.

Después de todo esto, ¡quién puede confiar en la Justicia o en la Policía, quien sentirse seguro con el uso de sus libertades! Y si las libertades se nos merman de estas formas tan arbitrarias y soeces, ¿cómo confiar para estos y otros asuntos en el Gobierno?

El caso Faisán debe esclarecerse, sin excusas, y los responsables asumir el peso de la Ley y el repudio de la Sociedad.