El día 1 de abril, el funcionario del ayuntamiento de Petrer, José Ramón Martínez Maestre, encargado de la biblioteca municipal «Poeta Enrique Amat», tomaba una decisión drástica, que sorprendía a sus propios compañeros, y se declaraba en huelga de hambre. La razón que adujo fue «la imposición» por parte del concejal de cultura, José Miguel Payá, de unos horarios que tanto los sindicatos como los trabajadores afectados calificaron de «abusivos, un atropello humanitario» que vulneraba todos sus derechos.  Las negociaciones, contempladas en el convenio laboral, se habían roto días atrás y todo había acabado en la citada «imposición», pero los trabajadores afectados decidieron no quedarse de brazos cruzados y realizaron una convocatoria a los medios para denunciar la situación. No obstante, la rueda de prensa fue un fracaso en cuanto a medios asistentes, y horas más tarde, José Ramón tomó la decisión de acogerse a una huelga de hambre, una decisión que hoy recuerda como «impulsiva, pero necesaria, porque nadie más iba a hacer nada y simplemente parecía que tendríamos que cargar con el atropello».

La huelga de hambre indefinida de José Ramón era un órdago por el que sí que se interesaron los medios provinciales. Ante ellos, el funcionario dio entonces más explicaciones de su conducta, afirmando que tanto él como sus compañeros deseaban ser recibidos por el alcalde de la localidad, en su función de jefe de personal del ayuntamiento, para que se volviera a abrir la negociación sobre los horarios, con el objeto de lograr un aplazamiento o directamente el rechazo a los horarios planteados desde la concejalía de Cultura. José Ramón explicó también que su protesta no se debía a «reivindicaciones laborales», sino al agravio comparativo que se planteaba y «a la necesidad de conciliar vida laboral y familiar».

El día posterior, jueves 2 de abril, el concejal de Cultura José Miguel Payá, remitió una nota de prensa sobre el asunto dejando clara su posición. En primer lugar, recordó que no se había negado a entrevistarse con el funcionario, y que antes de hacerlo con el alcalde, como manifestó hacerlo José Ramón, debía hablar con él. Después defendió el horario propuesto, sosteniendo que el funcionario municipal sólo se veía afectado por un cambio en el que pasaría a trabajar un sábado de cada seis (hasta ahora no realizaba ninguno), mientras que el resto de sus compañeros realizan un sábado de cada tres, y que su horario laboral era de 35 horas semanales, 30 en los meses de verano. Respecto a la rotura de las negociaciones, el concejal afirmó que se originó en su rechazo de la contrapropuesta sindical, «que incluía jornada intensiva para todos los trabajadores y apertura continuada de 10 a 21 horas las bibliotecas incluso en invierno», y que no era aceptable por el «derroche de los medios públicos al abrir de 14 a 16 horas en invierno o que estén presentes dos trabajadores en cada biblioteca antes de su apertura». José Miguel Payá acabó sus manifestaciones afirmando estar abierto al diálogo y respetando la decisión adoptada por José Ramón, pero recordando que «el equipo de gobierno tiene la responsabilidad de gobernar y ofrecer los servicios que el municipio merece».