Nuestros concejales de EU, concentrados contra la reforma de la ley de bases de régimen local

Los cargos públicos de EUPV de la provincia, hicimos un acto simbólico concentrándonos a las puertas de la Diputación de Alicante, al que asistieron nuestro Concejal Javier Martínez y Concejala Paqui Mallebrera, para manifestar que esta reforma en la Ley, llamada “Anti-Ayuntamientos” no mejora la financiación local y que los servicios serán de mucha peor calidad, con un coste más elevado, que tendrán que acarrear los y las ciudadanas.

34 años después la democracia local, que con tantas dificultades se construyó, está en peligro por una reforma de la Administración Local, con la que el PP pretende vaciar la función social de los Ayuntamientos y privatizar los servicios básicos, que quedaban hasta ahora en manos públicas.

La nueva redacción propuesta por el gobierno, del artículo 26.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, vacía de contenido competencial a los Ayuntamientos.  Las Diputaciones asumirán la prestación de servicios de los Ayuntamientos si no atienden a un ‘coste estándar’,  -fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-, que  impondrán en ese caso, los impuestos locales a los municipios.

El Gobierno presenta esta reforma, con el único objetivo de dar cumplimiento a  la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y pretende basarse en el  argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones locales significan para la economía del país.  Pero se trata de una afirmación sin  fundamento, puesto que el endeudamiento público de las entidades locales  está en torno al 4% del PIB, mientras que su déficit conjunto público total alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015.

Los Ayuntamientos dirigen formas de gobernar cercanas a los intereses del pueblo, donde el Ayuntamiento realiza y debe seguir realizando un papel de atención mayor y más sensible a las personas. La eliminación de alternativas a la ciudadanía, no provoca mayor bienestar, sino pura y clara intención a privatizar su gestión y/o a requerir mayores pagos o copagos por el acceso a los mismos, lo que indudablemente redundará en unos servicios de menor calidad y mayor coste para el  ciudadano. Ya que las empresas privadas tienen ánimo de lucro y el beneficio lo tendrán que obtener en el peor servicio que se preste, o en restar condiciones laborales a los trabajadores.

Rechazamos también, la idea que el PP pretende extender a la ciudadanía, de que eliminar  cargos políticos en las instituciones es una medida de austeridad, cuando miles de alcaldes y concejales realizan su tarea sin retribución alguna. Es obvio que detrás se esconde una intención de restar representantes en la Administración de los partidos minoritarios que hacemos un seguimiento de su gestión. Y que conseguirá que sólo aquellos con altos niveles adquisitivos, puedan dedicarse a la política, para continuar legislando en beneficio de sus propios intereses y en perjuicio de la clases trabajadoras y humildes.

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