Una persona corrupta sorprende porque tal cualidad negativa forma parte de la condición humana. Las entidades públicas corruptas escandalizan porque las constituye la Sociedad Democrática para protección de los derechos del individuo y no es de su naturaleza corromperse. No es igual de grave y peligroso que un concejal sea corrupto a que lo sea el Ayuntamiento, que un responsable de cualquier partido político sea corrupto a que lo sea el partido. Lo primero es grave pero subsanable sin medidas traumáticas; lo segundo es un cáncer que puede llevar a la sociedad que lo sufra a su degeneración. El Caso Gürtel me resulta paradigmático a este respecto porque ambos tipos de corrupción coinciden en el mismo.
Según lo publicado del Caso Gürtel tenemos, por un lado, a unos señores que “untan” o “compran” a unos políticos influyentes para que valiéndose de su responsabilidad y poder se les confieran contratos públicos o se les permitan operaciones mercantiles opacas con las administraciones que de no haber pagado a los políticos no conseguirían probablemente. Resulta lamentable y condenable ejemplarmente, tanto por la ley como por la sociedad. Con todos a la cárcel y exigiendo la devolución de lo robado más intereses, se irían depurando tales anomalías sin mayores daños para la convivencia social democrática.
Por el otro lado, a la Autoridad (Judicatura, Fiscalía, Policía) que, valiéndose del poder que las leyes le confían, trasgrede dichas leyes con el objetivo de encontrar más que justicia, condena a los investigados. Así pues, realizan miles de escuchas telefónicas a un sinfín de personas sin saber bien a día de hoy cuantas fueron autorizadas y cómo fueron usadas las informaciones conseguidas, sin destruir posteriormente aquellas que no son acusatorias y que han sido difundidas en la prensa diaria, violando así el Derecho a la Intimidad; filtran el sumario, cuando es secreto, a la opinión pública procurando la condena social del sospechoso antes de ser juzgado, vulnerando el Derecho a la presunción de Inocencia; graban en la cárcel conversaciones de los reos con sus abogados, vulnerando los Derechos del Imputado a una defensa justa y con garantías.
En un Estado que ocurren estas cosas impunemente, sin que se tomen medidas inmediatas de reparación, ¿podemos decir que es un Estado de Derecho? Un Estado donde el Ministerio de Justica, el de Interior y la Presidencia del Gobierno, no solo permiten que esto ocurra sino que además lo pretenden justificar, no podemos decir que es un Estado democrático, más bien se asemeja a un Estado Totalitario. Esta corrupción supone el cambio de un régimen político de libertades por otro que las vulnera.
En la corrupción, al menos hay dos grados, el segundo más grave que el primero. ¿Por qué será que la opinión pública en general solo se escandaliza del primero y pasa casi sin percatarse del segundo?
No es lamentable que los altos dirigentes de la conselleria hayan mentido en sus declaraciones a la ciudadanía, como diciendo camps que no conocía al sastre, por poner un ejemplo, cuando las posteriores conversaciones trascritas han demostrado lo contrario??
Y no es lamentable, a un mayor grado, el contuvernio que existe entre el poder jurídico (la Audiencia de la Comunidad Valenciana) con el poder político (PP) para que salgan de rositas los que han participado en la trama corrupta??? No es mucho más lamentable que en un medio público, como Canal 9, no exista el Caso Gürtel???
Me parece que, en efecto, si el poder político controla con mano de hierro la justicia y la prensa, estamos ante un Estado TOTALITARIO.
Da la impresión de que está pidiendo el sobreseimiento del caso, ya que el estado no es de derecho. Parece que la culpa de todo es, y cito sus palabras: «donde el Ministerio de Justica, el de Interior y la Presidencia del Gobierno, no solo permiten que esto ocurra sino que además lo pretenden justificar, no podemos decir que es un Estado democrático» del gobierno actual.
Hace falta otra cumbre de las Azores. Por cierto, aún recuerdo sus palabras justificándola.
Señor Juan Ramón Montesinos:
si me permite, le voy a dejar un artículo de opinión que ha salido hoy publicado en el Diario Información, muy claro en este sentido y emitido por un experto en estas cuestiones. Espero que le haga reflexionar a usted y a quienes únicamente critican el estado de las cosas cuando se ven ellos mismos perjudicados (o aquello en lo que creen).
Creo que el autor del artículo es diáfano a la hora de explicar que el problema no es SITEL (que es un «simple procedimiento técnico», además avalado por el Tribunal Supremo y aceptado por el PP en su etapa de Gobierno), sino que es necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este sentido, me quedo con este párrafo: «Eso es cinismo. Y ni PP, ni PSOE han acreditado diligencia, siendo los competentes, para haber evitado una situación que avergüenza en el entorno internacional, que es un referente de lo mal hecho. Y más grave es que hayan dejado transcurrir casi veinticinco años de «ilegalidad» y ahora, una vez se ven afectados, se muestren cual plañideras de su propio despropósito». Por todo ello, concuerdo con el autor en que al PP no le interesa una reforma de la ley, sino beneficiarse de sus defectos.
Es muy importante que los políticos corruptos no se vayan «de rositas», con la excusa de SITEL y sean juzgados en las mismas condiciones que el resto (sólo faltaba que, encima de sinvergüenzas, vinieran a pedir ahora un trato distintivo, cuando a ellos no les ha importado lo más mínimo este tema, hasta el momento).
Les dejo el link donde puede(n) encontrar el artículo completo, que vale la pena leer. (SITEL E IMPUNIDAD, de José María Asencio Mellado, catedrático de Derecho Procesal de la UA).
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2009/11/24/sitel-e-impunidadbr/954603.html
Un saludo.
«Ciudadana», estoy contigo en que quizás el PP éstá aprovechando que esas escuchas deberían ser ilegales, por su propio interés, quizá, pero eso no quita que es algo que tiene que desaparecer y puede que este sea el momento para hacerlo…
A ver, este sistema debería haberse modificado hace mucho tiempo. Lo que el autor quería transmitir es que el hecho de que «la normativa actual pueda ser inconstitucional, no es un argumento aceptado por nuestros tribunales y no es aceptado porque a la vista de la irresponsabilidad de los políticos (SUBRAYEMOS ESTO), de su falta de atención debida, el proceso penal no podría funcionar adecuadamente y no habría forma de condenar a terroristas o delincuentes organizados».
Es decir, lo que ahora el PP está pidiendo podría cargarse un sistema que, de otra forma, no podría condenar a terroristas, y todo ello no pasa por cargarse el sistema SITEL y punto, sino por una reforma de la normativa actual. No sé si me explico…
A Una ciudadana
No es mi inteción contestar a las opiniones no coincidentes con las mías. Pero uested se dirije a mí y le contesto gustosamente con unas consideraciones previas:
1. Afirmo por enésima vez que estoy en contra de todo tipo de corrupción, venga de donde venga.
2. Mi tema en esta colaboración no ha sido el caso SITEL como es evidente. Y creo que este caso no tiene nada que ver con mi artículo.
3. No tengo, ni mucho menos, suficiente información técnico-jurídica para contestar a don José Ma. Asensio aunque sí criterio e información para afirmar que su exposición es más político-partidista que jurídica.
Volviendo a su petición. En ningún momento del artículo exculpo o justifico al PP por las posibles corrupciones de sus cargos. Sí es cierto que culpo al actual Gobierno de violar los derechos individuales de las personas. No debemos ni podemos justificar la violación de derechos tan fundamentales para una posible vida digna como personas con las falaces excusas de la efectividad en la lucha contra el crimen. El Poder es insaciable y si no nos protegemos contra él nos devorará también a nosotros, a los que pretendemos ser libres.
Hay hechos que son opinables, por ejemplo, el comportamiento de nuestro Gobierno en el secuestro del Alakrana. Pero hay otros que no admiten opinión, son así, los denuncie Agamenon o su porquero. Si un juez escucha las conversaciones privadas entre un delincuente y su abogado, es delito. Si un sumario secreto se filtra a la prensa, es delito. Si de las conversaciones grabadas con orden judicial no se destruyen las que no afectan al caso investigado y posteriormente se hacen públicas, es delito. Y estos delitos son contra la dignidad de las personas y atentar contra las libertades individuales de las personas es socavar, pervertir el estado democrático de derecho. Y esto es válido, lo diga un liberal, es decir de derechas, como es mi caso, o lo diga un socialista. ¿Por qué ha de encontrar usted en mi exposición intecionalidad partidista? Y ¿Por qué usted lo juzga también desde una intencionalidad política cuando lo que se expone afecta igual a cualquier persona de derechas como de izquierdas?
Si a alguien he pretendido llamar la atención ha sido al ciudadano, al individuo, de derechas o de izquierdas, poque confío en él, porque es él quien ha de «pagar la cuenta» y a quien más le interesa que esas cosas no pasen. Un saludo
Desde luego Señor J.R sus opiniones cuanto menos y como siempre atacando al gobierno. Al señor Camps y sus secuaces, sus chanchullos y demás corruptelas le parecen poca cosa. De momento todos esos corruptos son presuntos y esperemos que la justicia les haga un juicio justo. De momento ese personaje público, dudo que honorable o mejor presunto honorable president, que ha perdido el norte,y el sur y ha malgastado millones en dinero publico para darselo a sus amigotes, está en la recta final de su nefasta carrera politica. ¿Que opina de como ha dejado la sanidad valenciana este presunto honorable president y sus gobiernos? ¿Comentamos un poco los sobrecostes en la construcción de infraestructuras educativas y de como se han enriquecido ciertas empresas gracias a la nefasta gestión de la empresa pública de CIGESA?
¿Hablamos un poco de los millones que se ha llevado la iglesia y su fundación del VI encuentro internacional de la familia, cuando el Papa vino a Valencia? Le recuerdo que todo está siendo investigado. Terra mítica se construyó con dinero público, mientras nuestros hijos estaban en barracones, hoy esa estupidez y malversación de dinero público está en venta, porque ha sido un fraude. No solamente deben investigarlos por el caso gürtel, deberán serlo por haber expoliado esta comunidad y dejarla como está en bancarrota.
A pepito
Pero qué obsesión tienen usted y otros en que critique a Camps. Veamos: «de sus chanchullos y corruptelas». ¿En qué fundamenta usted todas las acusaciones, en las cabeceras de «El País»? Pero ¿en qué Tribunal de Justicia está siquiera imputado Camps o cualquier otro dirigente del PP de la Comunidad Valenciana? Se lo contesto: en ninguno. ¿Qué pruebas tiene usted para afirmar todo lo que afirma respecto a la corrupción del Sr. Camps? Si me da una sola prueba al día de hoy (mañana no sé) estoy dispuesto a darle la razón. Lo que yo no puedo hacer es creerme a pies juntillas todo lo que dice la prensa, y menos si ésta es tendenciosa, partidista y me atrevo a decir, sectaria y en base a ello linchar a las personas. ¿Usted la cree? Ese es su problema pero no quiera hacerme comulgar con sus ruedas de molino.
¿Qué opino sobre la sanidad, educación, etc. de nuestra Comunidad? Pues como usted, que podría ser mucho mejor de lo que es. Ahora, si la comparamos con la de Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, y algunas otras más comunidades, estoy seguro que es bastante mejor.
Lo de CIGESA y «los millones que se ha llevado la Iglesia…» ¿Tiene usted las pruebas de los chanchullos, o lo que tiene son informaciones sesgadas sin más que usted eleva a categiría porque así se lo pide el cuerpo? Con esta seriedad de análisis no vamos a ninguna parte. Me recuerda que todo se está investigando… Estupendo, no sabe usted lo que me alegraría que tales investigaciones llegasen al final con todas sus consecuencias,y de resultar culpables fuesen todos a parar con sus huesos en la carcel, como fueron Vera, Barrionuevo, Roldán, Cortés y otros mandos del Psoe, pero mientras ¿quien es usted para ya condenar a los investigados?
Puedo estar de acuerdo con usted en que Terra Mítica haya podido ser una mala inversión, pero el sector Turístico valenciano, primera fuerza productora de nuestra Comunidad, ¿estará de acuerdo con nosostros?
Respecto a la última frase de sus comentarios: Claro: el caso Gürtel «ya no da pa más». Ahora tenemos que alimentarlos con «otras cosas». Y en bancarrota, no solo está la Comunidad Valenciana, están todas las autonomías, y por encimna de todas, España, gracias al ínclito ZP.
Crease que un servidor está contra cualquier corrupción, venga de donde venga, porque cualquiera de ellas me está robando mi dinero.