Así reza el lema de la propuesta de campaña por una auditoria pública sobre la deuda en el Estado español que la “Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, ¿Quién debe a quién ?“, quiere hacer extensible al máximo de colectivos, plataformas y organizaciones en la primera semana de octubre.

Esta es una iniciativa original pues hasta la fecha los colectivos dedicados a trabajar esta problemática se habían centrado en el endeudamiento de los países en del Sur generado, entre otros factores, por los planes de ajuste estructural exigidos por los países y instituciones económicas y financieras del Norte. Países como Argentina, Islandia o el caso de Ecuador, donde se gestionó una auditoria gubernamental con la participación de la sociedad civil y que ayudó al Estado ahorrarse 6.000 millones de de dólares y reestructurar el resto de la deuda y frenar así un rescate de los mercados, avalan esta iniciativa.

Aún con su especificad,  la deuda de nuestros países se asemeja a la de los países en “vías de desarrollo” en tanto que, los falsamente bautizados como “planes de rescates” impuestos por el FMI y la UE a Grecia, Irlanda y Portugal, acompañados con las políticas de austeridad dirigidas a limitar el déficit público que están aplicando nuestros gobernantes, están teniendo consecuencias económicas y sociales nefastas: mayor endeudamiento, destrucción de tejido productivo, paro, precariedad, recorte  de los servicios públicos y en general desmantelamiento del estado de bienestar,  en la  inmensa mayoría de las poblaciones afectadas aquí y en el Sur.

Una de los retos de esta campaña de auditorias debería ser  intentar aclarar si la deuda contraída por nuestro país es legítima o ilegítima.   Clarificar el  origen de la deuda va a determinar si es necesario de verdad el recate o por el contrario es toda una farsa para seguir aprovechándose de la crisis y seguir aumentando los beneficios las grandes empresas y las instituciones financieras. Según los últimos datos, más del 80% de la deuda es deuda privada, esto es, generada por  las familias, los bancos y las empresas. Sólo el 16% es deuda generada por el Estado.

Se debería de esclarecer si ese 16% de endeudamiento público no se ha realizado, al intentar implementar políticas fiscalización regresiva, siguiendo las directrices del mercado, eliminando impuestos, como el del patrimonio o el impuesto de sociedades o al haber privatizado la mayoría de las empresas públicas que generaban grandes beneficios, viviéndose reducidos sustancialmente los ingresos al heraldo público. ¿Son responsables las ciudadanas y  los ciudadanos de la mala gestión de los presupuestos generales del Estado  o por el contrario son los gobiernos presionados por las grandes empresas y la banca los verdaderos responsables del nivel de endeudamiento público? No debería declararse ilegitima una deuda provocada por la avaricia de los poderosos?

Por otro lado,  si más del 60% de la deuda privada ha sido generada por bancos y empresas en su afán de lucro y beneficio, ¿porqué limitar las inversiones en servicios públicos  y protección del entorno, y forzar a un mayor bombeo de recursos desde las clases populares a las más pudientes? Cuando no pagas al banco te embargan. ¿Porqué ellos no se responsabilizan de sus deudas?.

Esta campaña debería, también  abrir el debate sobre el nivel de endeudamiento de las familias. Existe un discurso generalizado de que las familias nos endeudamos por inconscientes e insensatas.    Pero la verdad es que las hipotecas y los prestamos se adquirieron en unas condiciones abusivas y  una gran campaña mediática por parte de bancos y financieras. Con los salarios más bajos de toda la UE, no existía otra posibilidad si queríamos aspirar a una vivienda y unas condiciones de vida medianamente dignas. ¿Podría por tanto declararse parte de esta deuda ilegítima?

Recientemente diversos economistas y expertos apuntan que lo más probable es que en este otoño se anuncie la inevitable intervención del Estado  Español.  Doy por sentado que una de las causas por las que el gobierno socialista, con el apoyo del PP,  haya propuesto la reforma constitucional para poner techo al déficit público, ha sido calmar, al BCE y a la Comisión Europea y garantizar, en el caso de que se “rescate nuestra economía”, de que se implementarán a “rajatabla” las medidas de austeridad diseñadas desde el poder económico.

La exigencia de una auditoria independiente con control social se reclama, por tanto  como urgente para aclarar públicamente cual es el verdadero nivel de endeudamiento y si este es legítimo o, como todos los datos apuntan, a que mayoritariamente es ilegítimo. Herramienta necesaria  para seguir defendiendo la soberanía popular y ciudadana ante este último golpe de estado perpetrado por políticos, especuladores  y banqueros.