El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La popularmente conocida como “Ley Integral” ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en todos sus aspectos y se ha consolidado como modelo internacional.

De hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que las instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.

Las tres instituciones han considerado que la legislación española, en concreto la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es una de las más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia sexista en todo el mundo. Una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.

La Ley Integral, impulsada por el Gobierno Socialista, supuso su apuesta inequívoca por la lucha contra la violencia de género, la defensa decidida de la ciudadanía en las situaciones de máxima vulnerabilidad y dio un tratamiento integral y sistemático a la lucha contra la violencia de género, con tres objetivos claros:

– Prevenir la violencia de género, y apoyar y proteger a las víctimas y a sus hijos e hijas menores.
– Perseguir a los agresores.
– Sensibilizar a la sociedad española de la necesidad de combatir la violencia de género, dejando atrás siglos de opresión y de silencio cómplice.

Los diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género han servido para desmontar totalmente algún prejuicio de los detractores de esta lucha, como eran las llamadas “denuncias falsas”. La última Memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto afirmando que “El escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación o denuncia falsa supone un 0,018%, suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de las “denuncias falsas” en materia de violencia sobre la mujer”. Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta Ley Integral demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político, y de culminar su desarrollo.

Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la Ley Integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el número de asesinatos lejos de disminuir, aumenta. Solo durante el mes de agosto, ocho mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos
cuatro años.

Frente a esta realidad, la ley Integral está amenazada por el Gobierno del PP y sus continuos recortes presupuestarios en materia de igualdad en general (33% en esta legislatura) y de violencia de género en particular (22% desde la llegada al Gobierno del PP). Una ley amenazada también por las sucesivas reformas legislativas que atentan contra su espíritu y buena parte de su articulado como la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, denominada popularmente como Ley Wert o la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local por poner solo dos ejemplos.

Así, con la eliminación de la asignatura de Educación para la ciudadanía (LOMCE, Ley Wert), que formaba en valores a los futuros ciudadanos y ciudadanas, como son el respeto y la dignidad de las personas, y la igualdad entre hombres y mujeres se elimina la mejor medicina contra la violencia de género: la prevención. En sentido contrario, el PP apoya la educación segregada por sexos.

Por su parte, la Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e impuesta por el Gobierno del PP, ha calificado como impropias las competencias que los Ayuntamientos y las Entidades Locales venían ejerciendo en Igualdad y Violencia de Género, alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de las mujeres y suprimiendo la labor de detección, denuncia y apoyo específico, que realizaban los servicios sociales municipales.

También el Proyecto de reforma del Código Penal muestra la falta de una decidida respuesta penal del Gobierno ante la violencia de género al eliminar completamente el concepto violencia de género de su articulado, al rebajar la gravedad del delito de lesiones y al continuar sin excluir expresamente la mediación en los supuestos de violencia de género, como indican la Ley Integral contra la violencia de género y los tratados internacionales. Además, el proyecto exige que se presente una denuncia para poder perseguir las lesiones menores, cuando éstas son los primeros indicios o alertas de posibles casos de violencia de género.

Otras reformas que atentan contra el espíritu de la Ley Integral y contra las garantías de protección de las víctimas son el Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito, que obliga al reembolso de los gastos causados a l Administración, en caso de absolución o sobreseimiento, cuando el 40% de las sentencias dictadas en violencia de género son absolutorias y la anunciada Ley de Custodia impuesta, en el caso de separación o divorcio, cuando, por promedio desde 2009, el 75% de las mujeres no denuncian malos tratos y escapan del maltrato a través de la ruptura con su pareja.

El Gobierno del PP está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa, no solo porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la violencia de género a base de recortes, sino porque está atacando sus cimientos ideológicos, legales y simbólicos.

La Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un gobierno central que ha hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la violencia de género de sus prioridades. La demostración más evidente de esa falta de voluntad política del Gobierno del PP de atacar las raíces y luchar decididamente contra la violencia de género se viene manifestando en los Presupuestos Generales del Estado. Para 2015 se sigue manteniendo en “números rojos” la partida destinada a la lucha contra la violencia de género, que soporta un recorte del 22% desde la llegada al Gobierno del PP.

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que se han ido desmantelando en los últimos años.

Cuando el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar actividades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía respecto a la violencia de género en este día de celebración internacional.

Es una invitación explícita al rechazo de la violencia de género por parte de toda la sociedad y el PSOE la hace suya porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la sociedad en su conjunto. Porque el PSOE es un partido libre de violencia. Porque es nuestro compromiso, son nuestros valores.