El Partido Popular ha decidido liquidar las conquistas del Estado del bienestar y expoliar sin piedad alguna, la riqueza colectiva de los ciudadanos/nas. El cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) representa la más reciente (aunque sin duda no la última) de las medidas en el ataque directo a los intereses generales de la sociedad y pone en cuestión de una forma clara la ya endeble salud democrática del País Valenciano. La fulminante reacción del Gobierno anunciando la desaparición de RTVV, tras conocer la Sentencia anulatoria del expediente de regulación de empleo presentado en 2012, no sólo implica una vulneración de los derechos laborales de miles de trabajadores/ras, sino que evidencia la voluntad del Partido Popular de amordazar de cara al futuro a una sociedad que anhela y necesita dejar atrás las décadas de dominio de la derecha.
Desde 1995, tras el triunfo de los populares en las elecciones, los diferentes gobiernos “populares” valencianos han convertido la televisión pública en un instrumento de propaganda, degradando la calidad de la misma hasta límites inconcebibles. La manipulación ha sido tal que la propia audiencia se ha ido alejando mayoritariamente de una línea editorial sesgada, de una información amordazada y de una parrilla salpicada de telebasura.
Por si ello no fuera suficiente, RTVV ha sido, además un escenario privilegiado de la corrupción que ha caracterizado especialmente al gobierno valenciano a lo largo de las últimas dos décadas. Las pérdidas económicas se han multiplicado y la huida hacia adelante por la vía del endeudamiento y la contratación externa de productos audiovisuales ha supuesto la acumulación de una deuda que rebasa ampliamente los mil millones de euros. No contentos con implicar el ente público en el desvío de dinero hacia la trama Gürtel (sirvan los 7,4 millones de euros por la sonorización de los actos realizados durante la visita del Papa como ejemplo), la dirección de RTVV ha protagonizado sonoros escándalos como los vergonzosos episodios contra los derechos de los trabajadores/ras o las amenazas, el acoso y el abuso sexual de un alto directivo.
Finalmente, la deriva de RTVV ha conducido a la presentación de un expediente de regulación de empleo que afectaba a 1.198 trabajadores y que, como ha quedado demostrado, no reunía los requisitos mínimos de transparencia y seguridad jurídica exigibles en estos procedimientos. Como reconoce la Sentencia 2338/2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, los criterios de selección de los trabajadores que iban a ser despedidos fueron cambiando a medida que se extinguían los contratos de trabajo. En palabras del Tribunal: “hubo una evidente y clara alteración de los listados y de los propios criterios de designación precedentemente delimitados y aprobados, pasando a aplicarse otros distintos. Además, en la fecha en la que tales acuerdos se adoptaron, ya se había producido un considerable número de ceses efectivos de otros empleados públicos que podrían haber formado parte de esos nuevos criterios posteriormente aplicados”. Esto supone una flagrante vulneración del principio de igualdad en perjuicio de los trabajadores despedidos con anterioridad, un principio que debe aplicarse al conjunto de las relaciones de empleo público, junto con los de mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional, sometimiento pleno a la ley y al Derecho, eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos, transparencia y evaluación y responsabilidad en la gestión, entre otros. En la historia de RTVV, la mayoría de estos principios normativos han caído en el olvido.
Radiotelevisión Valenciana nació en cumplimiento de un precepto del Estatuto de Autonomía, artículo 56, según el cual “la Generalitat Valenciana podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y prensa”. A pesar de todo lo ocurrido y teniendo en cuenta la necesidad de promover y normalizar el uso de la lengua propia, la sociedad valenciana sigue necesitando un ente público que permita la vertebración de nuestra realidad lingüística, cultural, económica y social, además de ejercer como motor público de la industria audiovisual.
El cierre de RTVV es la culminación de los últimos años de gobierno del Partido Popular, representados por los casos de corrupción, el endeudamiento desbocado para financiar obras faraónicas, la destrucción de los servicios públicos y de las ayudas a los sectores más vulnerables, los grandes eventos ruinosos, el expolio del territorio, los aeropuertos sin aviones y un vergonzoso goteo de cargos políticos imputados. Desprovista de un importante medio de comunicación, la sociedad valenciana estará inerme ante la hostilidad de los sectores más poderosos cuando afronte la dramática situación económica que previsiblemente se producirá. Desde este punto de vista, el cierre de Canal 9 constituye un zarpazo que apunta directamente a la calidad de nuestra democracia.
La propiedad pública de RTVV es fundamental para la salud democrática de una sociedad que carece de otros medios para reflejar la pluralidad y la riqueza colectiva del País Valenciano. La derecha ha laminado el bienestar de las personas dependientes y discapacitadas; ha desmantelado la educación y la sanidad públicas y ha destrozado todo lo que ha estado en su ámbito de competencias, incluyendo ciudades, territorio, lengua y cultura.
Por todo ello, los concejales de los grupos municipales de Petrer, de Esquerra Unida, PSOE y Bloc-compromís de Petrer, reunidos en Petrer a 15 de noviembre de 2013 expresan, por un lado, su más firme y contundente rechazo hacia esta agresión contra los servicios públicos, así como contra la lengua y la cultura propias del pueblo valenciano; y, por otro, su solidaridad con los y las trabajadoras afectadas por un decisión manifiestamente injusta y antidemocrática.
Esquerra Unida PV
PSOE
Bloc-Compromís