Creo que fue en diciembre de 2009 cuando en este mismo medio citaba la seriedad del “caso Faisán” referido a cómo unos altos mandos policiales avisan a la banda terrorista ETA para que, en un operativo de las Fuerzas de Orden Público, evitaran la detención de los responsables de su red recaudadora de extorsiones y chantajes, dinero con el que financian sus asesinatos. Esto ocurrió en 2006, Rubalcaba ya era ministro de Interior.

Centro la atención en la actuación de la Justicia ante un delito de colaboración con el terrorismo. En síntesis vino a ser como sigue: La operación del esclarecimiento del chivatazo pasa de Garzón al juez Marlasca y cuando las cosas empiezan a implicar en tan execrable hecho delictivo al aparato político del Ministerio de Interior, hacen que el Juez Garzón venga a toda prisa de Nueva York para hacerse de nuevo cargo y dejarlo olvidado en un cajón, durmiendo el sueño de los justos, dos años. Todo este tiempo retardando la investigación sirve para que la Fiscalía solicite el archivo del mismo “habida cuenta que no se podía demostrar quienes fueron los causantes del chivatazo”, ¡no que no hubiese chivatazo sino que no se había podido averiguar quién lo había cometido! Tamaño escándalo provocó tal cúmulo de recursos y protestas públicas como para impedir su archivo tan velozmente como deseaban los implicados. En ese ínterin el juez Garzón es procesado por delitos de prevaricación que lo apartan de su cargo en la Audiencia Nacional y el caso recae en el juez Ruz. A partir de ese momento, las cosas cambian, Ruz abre un sumario, implica en el mismo a cargos policiales y el proceso sigue sus trámites aunque con más de dos años de retraso.

Al margen de la envergadura moral, jurídica y política de los hechos encausados que bien merecen su esclarecimiento y condena, a mí me resulta de mucha más trascendencia y gravedad social el comportamiento de la Autoridad:

Una.- Tenemos jueces y fiscales que, inclusive ante hechos tan escandalosos como éste en el que policías colaboran con etarras que asesinan a sus compañeros, se pliegan a las exigencias del Poder Ejecutivo en beneficio de intereses políticos y en perjuicio de los intereses delos ciudadanos y la Justicia.

Dos.- La premisa inmoral de que el fin justifica los medios es empleada como norma elemental de conducta por las Autoridades que nos gobiernan.

Tres.- El resultado de ambos es que el Estado de Derecho se supedita a los intereses políticos y electorales del partido gobernante con comportamientos de Estado Totalitario.

Cuatro.- Se toma a los españoles por tontos o con tan poquísima formación democrática que la Autoridad cree que puede hacer lo que le venga en gana sin respetar las leyes y normas elementales de la Democracia y sin que ello le acarree ningún tipo de responsabilidad. Por lo visto, para Rubalcaba aquella empieza y termina en el hecho de votar, lo demás nada ya nos importa a los votantes.

Cinco.- El desprecio a los valores elementales de convivencia, tanto por parte del gobernante como del gobernado, éste último por no exigírselos siquiera a sí mismo.

Todo esto es lo que me parece más grave y a lo que menos importancia damos, sin percatarnos que desde cualquier ideología, si se sustenta en la Democracia, consentir estos desmanes y no rebelarse implica ignorancia, sectarismo, mentira o irresponsabilidad ciudadana, nadie puede calificarse de liberal o socialdemócrata si previamente no se es demócrata, premisa innecesaria por otra parte, para el comunismo, socialismo o fascismo.