Miembros de la PAH se reunieron este lunes con varios miembros de la corporación municipal de Petrer,  entre ellos el alcalde de la localidad Pascual Díaz, para exigir medidas que garanticen el derecho a la vivienda de los ciudadanos. En este sentido, fueron varios los puntos que se abordaron en este primer encuentro que ha dejado buen sabor de boca a la plataforma, a la espera de que se tornen realidad sus reclamaciones para frenar la que consideran una situación de «emergencia social y habitacional».

Una de las principales peticiones del colectivo fue el reconocimiento de la función social de la PAH, un asunto que ya abordaron en la reunión que mantuvieron a finales de enero con la alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa. Y es que la plataforma quiere ser reconocida como interlocutor válido en el consistorio, una figura para la que se ven capacitados después de haber asesorado y tratado con más de 500 personas desde que la agrupación se configurará en el valle hace algo más de un año. Un trabajo constante que ha venido dando sus frutos gracias a las distintas acciones de presión social que han emprendido para luchar por condonaciones de deuda y daciones en pago.  

Además, la plataforma insistió en la necesidad de que el ayuntamiento reconozca la situación de emergencia social y habitacional que atraviesa Petrer para que se destinen recursos y se activen medidas que aseguren que todos los ciudadanos puedan disponer de una vivienda. El colectivo estima que en Petrer hay 12 familias que en breve estarán en riesgo de perder sus casas por alzamiento y por tanto serán desahuciadas y tendrán que cargar con la deuda de sus hipotecas si no consiguen la dación en pago. En estos momentos, y tal y como informan desde la plataforma, hay dos familias que han perdido sus casas y no tienen donde vivir.

Con el fin de garantizar ese derecho a la vivienda, la PAH solicitó que el municipio apruebe un parque de alquiler público controlado por los municipios para acabar con los actuales alquileres «opacos» donde la calidad de las viviendas es baja y los derechos de los inquilinos «están olvidados». Del mismo modo, el colectivo ve urgente la creación de un censo de viviendas vacías y penalizaciones fiscales a bancos y propietarios que las tengan cerradas y sin uso.