Victor Quiroles tiene 47 años y lleva 10 años residiendo en España. Hace unos meses la empresa donde trabajaba, la marmolera Levantina, rescindió su contrato y como muchos otros trabajadores, se vio avocado al paro. De este modo Víctor se quedó sin posibilidad de hacer frente al pago mensual que su contrato requería, unos 400 euros al mes, por lo que el banco emprendió acciones legales, un trámite que el juzgado de primera instancia e instrucción número uno de  Elda ha resuelto favorablemente a la entidad, a la que ahora Víctor deberá abonar 43.600 euros más los costes del proceso judicial según dictamina una sentencia.  Además deberá abandonar la vivienda y junto a él su mujer y sus cuatro hijos.

El banco, en cuanto tuvo constancia de que Víctor no abonaba las mensualidades desde julio de 2011, activó un proceso judicial contra él que requería su presencia en el juzgado de Elda. No obstante Víctor no pudo acudir puesto que se encontraba en esos momentos en Ecuador, velando el recién fallecimiento de su madre, tal y como ha declarado a este medio. La juez interpretó esta ausencia como “rebeldía”.  Ahora, y de nuevo en España, Víctor recibe la sentencia con la única posibilidad de abandonar su vivienda y hacer frente a un pago de más de 43.000 euros.

En este sentido, el secretario Judicial, que acudió el pasado jueves por primera vez para proceder a vaciar la vivienda, le dio un margen de maniobra a Víctor de un fin de semana para abandonar el piso, un margen que se ha ampliado este lunes, día en el que estaba previsto proceder de nuevo con el deshaucio. Así las cosas, los enseres de Víctor permanecen en una furgoneta mientras la familia busca una nueva vivienda donde instalarse.

Su abogado ya se ha puesto manos a la obra y ha presentado un recurso en el juzgado de instrucción número uno de Elda. Además ha logrado que la sección inmobiliaria de la CAM, propietaria de la vivienda, inicie una nueva negociación de pago con unas condiciones que todavía no han trascendido. De momento, el abogado de la familia se reunirá con el gabinete jurídico de la entidad para estudiar el caso.