Los artículos 41 y 43 de la Constitución Española reconocen, en el marco de los derechos fundamentales, el derecho a la protección de la salud, y establecen que los poderes públicos ”mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, sobre las medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones se crea, en teoría y según el gobierno, por la ausencia de normas comunessobre el aseguramiento en territorio nacional, el crecimiento desigual de prestaciones, la falta de coordinación, la falta de rigor y de eficiencia en el Sistema Nacional de Salud.
Democracia Real Ya! se opone frontalmente a este Real Decreto, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, por ser, no sólo discriminatorio e injusto, sino por ser además ineficiente en términos económicos. El preámbulo del RD recoge que “los datos estructurales y las cifras más significativas del gasto sanitario público muestran que la sanidad pública no puede obviar por más tiempo una situación claramente incompatible con su imprescindible sostenibilidad y que, al mismo tiempo, ha acarreado consecuencias gravemente perjudiciales para el empleo y la viabilidad de los sectores empresariales que con él se relacionan.” Bajo tal pretexto, este Real Decreto modifica la condición de asegurado, dejando en tierra de nadie a determinados colectivos de la población que se encuentran desamparados: inmigrantes, profesionales libres, personas que no hayan logrado suprimer empleo, etc.
Supone la transformación de un sistema universal, social y justo, en uno en el que los ciudadanos serán atendidos en función de lo que paguen, en el que las personas nos tengamos que justificar, demostrando conforme a sus criterios que somos “dignos” de atención sanitaria, a pesar de que la Sanidad Nacional no se sufraga con las cotizaciones a la Seguridad Social, sino con el total de todos los impuestos, es decir, directamente a través de los Presupuestos Generales del Estado. Esta reforma impulsa la sanidad privada, y acompaña al discurso neoliberal que defiende que la gestión privada es siempre más eficaz.
Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud (SNS) es el mayor logro del estado de bienestar español y el servicio público mejor valorado, más eficaz y social que el de sus vecinos de la UE, con un gasto inferior (un 9% del PIB con respecto al 11,2% en Francia, o al 10,7% de Suiza, por ejemplo, en 2008). La coincidencia de miembros del gobierno, o de familiares de éstos, en los consejos de administración de empresas privadas del sector sanitario, nos hace sospechar que estén anteponiendo sus intereses particulares a la salud y el bienestar de la población general.