La recesión económica está agudizando la crisis de derechos humanos. Se han agravado los abusos, se ha desviado la atención de ellos y se han creado nuevos problemas. Los derechos humanos se pisotearon en nombre de la seguridad y ahora se relegan al último puesto en nombre de la recuperación económica.
Miles de millones de personas sufren inseguridad, injusticia e indignidad. Al menos 963 millones de personas pasan hambre, 1.000 millones viven en asentamientos precarios, cada minuto una mujer muere a consecuencia de complicaciones derivadas del embarazo, 1.300 millones no tienen acceso a asistencia médica básica, 2.500 millones no tienen acceso a servicios sanitarios adecuados y 20.000 niños y niñas mueren cada día a consecuencia de ello.
La crisis se traduce en escasez de comida, empleo, agua contaminada, tierra y vivienda, pero también en privación, discriminación y aumento de la desigualdad, la xenofobia y el racismo, la violencia y la represión en todo el mundo.
A pesar del crecimiento económico de países como Brasil, México e
India, a las comunidades indígenas y otros grupos marginados se les han negado derechos básicos para vivir una vida digna.
Cientos de miles de personas de barrios marginales y comunidades urbanas se han visto forzadas al desarraigo en nombre del desarrollo económico.
El hambre y las enfermedades han aumentado debido a la drástica subida de los precios de los alimentos, y los gobiernos –en particular los de Myanmar, Corea del Norte y Zimbabue– han utilizado la comida como arma política.
Ha continuado la discriminación y la violencia contra las mujeres.
En respuesta a las presiones migratorias, los países de acogida y de tránsito han adoptado medidas aún más restrictivas para mantener a los migrantes fuera de sus fronteras. La UE ha llevado la iniciativa en esta actitud, en connivencia con gobiernos como los de Mauritania, Marruecos y Libia.
Para Amnistía Internacional, la crisis de derechos humanos ha creado una acuciante necesidad de cambiar el debate sobre la pobreza. Por ello la organización ha puesto en marcha una nueva campaña mundial, ‘Exige Dignidad’, que pretende combatir los abusos contra los derechos humanos que generan y agudizan la pobreza.
La pobreza no es algo inevitable. La campaña Exige Dignidad movilizará a la gente para abordar los abusos contra los derechos humanos que conducen a la pobreza y la agravan, por eso pediremos la rendición de cuentas de gobiernos y agentes económicos por los abusos cometidos, haremos que las iniciativas para la erradicación de la pobreza tengan en cuenta los derechos humanos y exigiremos la participación de las personas que viven en la pobreza en las decisiones que afectan a su bienestar.
La campaña se centrará en: los asentamientos precarios, pidiendo el fin de los desalojos forzosos y el acceso a todos los derechos humanos para las personas que viven en asentamientos precarios. La mortalidad materna y el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, incluida la salud materna. Las industrias extractivas, exigiendo que las empresas rindan cuentas de sus abusos contra los derechos humanos. A lo largo de esta campaña, Amnistía Internacional se dirigirá, entre otros, a Estados Unidos para pedirle que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a China para pedirle que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El grupo de Elda-Petrer presentará públicamente la campaña en una mesa instalada en el parque del Campet de Petrer, el sábado 20 de junio a partir de las 17.30 horas. La ciudadanía podrá participar en la recogida de firmas de adhesión a la campaña Exige Dignidad.