El segundo de los paros y concentraciones de protesta por la deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con el sector de las residencias y centros de atención a personas mayores desde hace casi un año congregó ayer a más de un millar de trabajadores a las puertas de las sedes principales del Gobierno Valenciano en Alicante, Castellón y Valencia, casi 300 de ellos en Alicante.

Estas concentraciones, que se suman a las realizadas la semana pasada en más de 300 residencias y centros de la Comunidad- entre ellos La Molineta de Petrer-, y que sacaron a las calles a más de 9.000 trabajadores y familiares de usuarios, pretenden reclamar la deuda de 110 millones de euros a las empresas que operan en el sector, situación que ha provocado la imposibilidad de cobrar los sueldos a muchos de los trabajadores y pagar a los proveedores.

Esta deuda estructural, que alcanza ya los 12 meses de impagos por parte de la Generalitat Valenciana, se incrementa en 6 millones cada mes que se mantiene esta situación, y pone en grave peligro la red sociosanitaria de atención a mayores en esta autonomía.

Concretamente, en la provincia de Alicante, los cerca de 40 millones de euros adeudados por el Consell afectan a unas 9.600 familias y unos 4.800 trabajadores de los recursos socio-sanitarios de atención profesional a mayores.

En total, los impagos del Consell con los operadores afectan a casi 200 empresas en la Comunidad Valenciana, más de 15.000 trabajadores y 30.000 personas mayores dependientes, así como a otro centenar de empresas proveedoras, según los datos reunidos por las principales asociaciones del sector y los sindicatos mayoritarios, agrupados en una plataforma en defensa de la atención profesional para los mayores.

En este sentido, desde la citada plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios – CCOO y UGT- y las principales asociaciones del sector – la red pública concertada de la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP) y la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES)- se ha destacado que la situación actual afecta a todos los servicios profesionales socio-sanitarios, que están siendo discriminados en su trato respecto a otros sectores básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.

En todas las concentraciones se ha leído un comunicado en el que se reclama un compromiso por parte del Consell “totalmente firme” para establecer un plan de pagos que sea “real y de urgente aplicación”, y que salde de “inmediato la deuda acumulada.” Y se ha advertido de que, de no mediar una solución en los próximos días, se prepara una gran marcha social en Valencia para el 29 de noviembre, con el objetivo de hacer llegar a la sociedad el peligro en que se encuentra la atención de sus mayores, así como diversas concentraciones paralelas para dar a conocer a todo el mundo la indiferencia mostrada por el actual gobierno para con los mayores.