Con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/12, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, el Gobierno decidió no pagar la extra de Navidad 2012. Una medida que la justicia está poniendo en entredicho. «En la actualidad se están ganando multitud de sentencias, así muchos ayuntamientos han tenido que abonar las cantidades indebidamente sustraídas de las nóminas de sus trabajadores; otros, fruto de la presión sindical ejercida, han llegado al abono de las mismas en virtud de acuerdo con los sindicatos, siendo que en alguno de estos últimos casos la Delegación del Gobierno ha recurrido estos acuerdos. Pero ya hay sentencias como la del TSJ de Baleares que estima el abono en contra de este recurso del Gobierno», explican desde los sindicatos.

En este momento, la situación es bastante compleja, y nos encontramos con Ayuntamientos que ya tienen alguna sentencia en contra y han pagado a toda la plantilla, otros que lo han pagado incluso sin tener esa sentencia en contra, otros que solamente pagan a los trabajadores que tienen ya sentencia, etc.

En este sentido, el Ayuntamiento de Petrer estaría en este último grupo y encara el mes que viene las primeras sentencias de los contenciosos planteados por empleados públicos por la decisión de no abonar la paga extra de diciembre de 2012. Se espera que ganen los demandantes -incumplimiento de convenios y demandas testigos- pues se están produciendo numerosas sentencias, como estamos contando, que reconocen el derecho al cobro de la parte correspondiente al periodo entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, previo al Decreto en que se tomaba esa decisión. Si ganan los demandantes, las costas del juicio correrían a cargo de la Administración -es decir, del erario público-.

Tanto desde Comisiones Obreras como desde UGT, los principales sindicatos nacionales, están informando a sus afiliados que no se ha conseguido un resultado satisfactorio en la reclamación de la parte devengada de la paga extra de diciembre de 2012 en la Mesa de Negociación, y han iniciado una campaña para  reclamar individualmente estas cantidades a todos los empleados y empleadas públicas, tanto laborales como funcionarios.

En Petrer, están a la espera de se produzca la sentencia de algún trabajador del ayuntamiento, y en caso de ser favorable a este, solicitar acuerdo o extensión de efectos de esa sentencia al resto de la plantilla. Una solicitud que debe hacerse ante el juzgado, y que deben realizar los trabajadores individualmente y con la asistencia de abogado (previamente también deberá plantearse la reclamación ante el Ayuntamiento).

«Ayuntamientos como el de Valencia o Alicante, o las Diputaciones de Valencia o  Alicante ya han abonado la parte devengada tanto al personal funcionario como laboral haciendo caso omiso de las presiones del Gobierno. Está prevista una reunión
de la Mesa General de Negociación entre el Consell y los sindicatos donde podría  llegarse a un acuerdo para el personal de la Generalitat a primeros de Junio», explican desde los sindicatos, y añaden: «En todos los Ayuntamientos donde el gobierno local no quiere abonar, FSP-UGT va a reclamar esas cantidades individualmente para todos sus afiliados y afiliadas, que se registrarían todas el día 1 de julio. Si se desestimasen esas peticiones se acudiría a los Juzgados con lo que ello supone para la ciudadanía, ya que las sentencias que se están produciendo en el tema están imponiendo las costas a las Administraciones Públicas.  Esta actitud por parte de algunos de los equipos de gobierno municipales que hacen caso omiso de la voluntad de los jueces y que saben de sobra que la medida que en su día adoptaron es inconstitucional, demuestra una gran irresponsabilidad porque, a la larga, va a suponer un coste mucho mayor para las arcas municipales».