Hoy nos encontramos en el ayuntamiento de (Petrer y Elda) para denunciar públicamente las prácticas antisociales que está usando el Banco Santander con sus clientes con problemas de pago con las hipotecas.

La semana pasada fuimos testigos de un episodio que vuelve a poner encima de la mesa el debate sobre la concepción de la vivienda como un derecho o como un negocio.

Nuestro compañero Paco Rubio tenía previsto para el pasado lunes 4 de abril el desalojo de su casa. Sin embargo, este no se produjo porque desde la PAH presentamos un recurso de moratoria de lanzamiento (prórroga de desahucio o desalojo) ante el juez, que resolvió el pasado viernes 1 de abril como favorable. De esta forma Paco podrá residir en su vivienda hasta el mes de mayo del 2017.

Queremos denunciar públicamente que la empresa propietaria de la vivienda de Paco es Real State Venture Spain. Ésta empresa nunca dio la cara y siempre hemos tenido al Banco Santander como un mal intermediario. Ni Real State, ni el Banco Santander accedieron a concederle a Paco un alquiler social, a pesar de encontrarse en una situación de riesgo de exclusión social.

Por ello, volveremos a intentar negociar con Real State Venture Spain y Banco Santander y a llevar a cabo acciones de presión si fuese necesario hasta que nuestro compañero Paco pueda vivir dignamente en su casa sin miedo a que le tiren a la calle.

Así mismo, queremos denunciar que tenemos otro caso pendiente, el de nuestros compañeros Emilia y Salah, que están en una situación similar puesto que el banco Santander se está aprovechando de su situación de indefensión con el idioma y las costumbres españolas y los está chantajeando sin compasión alguna, llegándoles a ofrecer 2.000€ para que se vayan de su casa y se queden en la calle, sabiendo que les será casi imposible acceder a una vivienda en su situación actual y con la escasa o inexistente regulación y recursos que garantice el acceso real a la vivienda.

Queremos hacer saber a la ciudadanía que, además de la lucha contra los bancos por acabar con los desalojos y desahucios, también estamos para recordar que son las instituciones locales las que tienen que garantizar el derecho a una vivienda digna. Es el ayuntamiento el que tiene que hacer política vivienda desde una “concejalía de vivienda, o en su defecto desde una comisión o consejo de vivienda. Lo contrario es una mala o nula gestión en política de vivienda.

Entendemos que la vivienda debe de ser un derecho y como tal debe ser protegido. Este derecho inalienable, reconocido en el artículo 47 de nuestra Constitución, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no puede ser un bien que responda a intereses especulativos.

Creemos que las instituciones deben de hacer todo lo que está en sus manos para paliar la grave emergencia habitacional en la que nos encontramos. Así mismo, creemos que debe implicarse a la ciudadanía en la consecución de dicha meta. En este sentido seguimos insistiendo que es muy urgente poner en marcha tanto la «Comisión de vivienda» aprobada en pleno de Petrer como la «Concejalía de vivienda» diseñada en Elda. Ya que al día de hoy no hay nada concreto.

Sin embargo, hay algunos ayuntamientos cercanos que ya lo están haciendo ¿por qué aquí no? Quizás sea más importante la foto y el titular que solucionar los problemas reales de la gente.

Finalmente, desde esta plataforma, queremos que la ciudadanía sepa que la plataforma de afectados por la hipoteca Elda-Petrer no apoya ni aprueba las ocupaciones en viviendas sociales porque ya están adjudicadas a otras personas que llevan muchos meses o años esperando dicha vivienda.

Sin embargo, nos gustaría hacer hincapié, de nuevo, que la existencia de listas de espera para el acceso a este derecho es vergonzosa y un fracaso por parte de las instituciones y la sociedad en general.

¡No más desalojos!  ¡Queremos soluciones para tener una vivienda digna ya!