La semana pasada nos dejó un titular de enjundia, que no es otro que la acusación del actual concejal de Hacienda, Ramón Poveda, al anterior equipo de gobierno del PP: «han ocultado facturas pendientes de pago a Fobesa por valor de cerca de un millón».

Muy vehementemente, el anterior concejal, Fermín García, ha rechazado de plano las acusaciones, y ha defendido su gestión. Así, ha explicado el procedimiento del ayuntamiento con Fobesa según el convenio firmado con el consistorio, por el cual Fobesa debe justificar primero sus pagos a Viarsa.

«Las facturas son del traslado de residuos sólidos urbanos a Villena, a la planta de tratamiento. Normalmente, en el acuerdo de Fobesa con Viarsa, el pago era a dos-tres años, y cuando nos traían una factura al ayuntamiento los consignábamos en el presupuesto, primer error del actual concejal en sus declaraciones. Cuando esto era así, se hace un trámite llamado reconocimiento extrajudicial de deuda, porque eran servicios de años anteriores, y que siempre ha pasado por pleno, además siempre tuvo el voto favorable de los socialistas. Esto es una práctica totalmente habitual». ¿Qué ha sucedido ahora? Viarsa ha exigido a Fobesa el pago de todas las facturas pendientes, y Fobesa, una vez abonadas todas esas facturas de una sola vez, se presentó en el ayuntamiento, allá por mayo de este año, para cobrar todo el servicio dado al ayuntamiento en estos años, y que asciende a una factura de 792.000 euros.

«Ante esto, y como no era el procedimiento que tenían con nosotros, les explicamos que, como siempre, teníamos presupuesto para el pago de un año, y no de la totalidad de la deuda. Desde Fobesa lo entendieron perfectamente y de hecho iniciamos las negociaciones para establecer un calendario de pago», ha explicado García, «y esta es la situación. No son facturas en el cajón ni nada por el estilo; las declaraciones de Poveda son mentira y política sucia, y no pueden permitirse».

Respecto a otra acusación de Poveda respecto a la anterior gestión de Hacienda, referida a una deuda de 48000 euros con la empresa que gestiona las piscinas municipales, García ha explicado que se trata de un error de la propia empresa, pues facturaba al ayuntamiento con un 10% de IVA cuando una Inspección de Hacienda ha revelado que debía aplicar un 21% de IVA. Ese dinero, esos 48000 euros, es el diferencial del IVA que debe abonar el ayuntamiento», ha sentenciado García. «Una vez más, pues, no hay nada de nada