Entre los diversos ar­gumentos que se usan para defender la actual Ley del aborto, aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010, rompiendo el consen­so existente en torno a la ley de Felipe González de 1985, el usando con más ahínco y vehemencia es el de que el derecho a abortar es un derecho fundamental de la mujer. La existencia de di­cho derecho supone, como ya expusimos en un artículo anterior, que el concebido y no nacido no existe, no es nada, es como un apéndi­ce del cuerpo de la mujer que no merece ningún tipo de protección, al menos dentro de las 14 semanas durante las cuales ahora se permite el aborto sin nece­sidad de justificación.

Por otro lado al tildar de «fundamental» este supues­to derecho se quiere hacer ver que no se trata de un de­recho creado por la ley, sino que es un derecho anterior a ésta que la norma no hizo sino reconocer. Además el adjetivo «fundamental» pretende equiparar este su­puesto derecho con otros derechos fundamentales indiscutidos como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad ideológi­ca o religiosa, a la educación, a la libertad de expresión y de asociación, etc, etc.

Sin embargo el supuesto derecho a abortar o decidir sobre la maternidad, no es un derecho fundamental ya que no está reconocido como tal en nuestra Consti­tución. Nuestra Ley Suprema en ninguno de sus artículos hace ninguna referencia al aborto o la libre elección de la maternidad, mucho me­nos el Capítulo II de dicho Tí­tulo que recoge los derechos fundamentales en sentido estricto, respecto de los cua­les se establece un régimen especial de protección

No obstante ello, sería posi­ble que sin reconocimiento constitucional existiese un derecho al aborto por la vía (permitida en la Constitu­ción) de que dicho derecho estuviera reconocido en al­gún tratado o declaración internacional suscrito por España. Pues bien ningún tratado o declaración internacional de derechos que España haya suscrito hace ninguna mención al supuesto derecho a aborto. Ninguno. Antes al contrario, textos como la Declaración Internacional de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1959, re­conocen en su Preámbulo que la protección jurídica del niño abarca el antes y el después de su nacimiento.

También sería posible que no estando reconocido en la Constitución, este dere­cho naciera de la doctrina del Tribunal Constitucio­nal, que ya en otros casos ha dado valor constitucio­nal a derechos que no es­tando expresamente reco­gidos en la nuestra Carta Magna, por haber conside­rado que eran susceptibles de la máxima protección por considerarse incluidos en otros derechos expre­samente reconocidos. Sin embargo la doctrina del T.C. recogida en la ya co­mentada en otra ocasión Sentencia de Sentencia 53/85 ofrece pocas dudas sobre la interpretación del tribunal en relación a la existencia de este supuesto derecho:

Si el derecho al aborto fuera un derecho fundamental, no cabe comprender por qué dicho derecho desapa­rece a partir de la semana 14, ya que si de verdad fuera un derecho fundamental, ¿por qué habría de desapa­recer? Por otra parte nada justifica que exista ese de­recho hasta la semana 14, y no solo hasta la 13 o hasta la 15. Es sabido que el feto concebido desde la semana 10 u 11, o incluso antes, ya está formado, es decir tiene cerebro y ha desarrollado casi todos sus órganos, no cabe entender que lo que determine la existencia de un derecho que llaman fun­damental sea únicamente el tamaño de unos centí­metros de más o de menos, o el mero paso de unos días más o menos de gestación. Ahora bien, ¿ significa esto que, a nuestro entender, en ningún caso existe un dere­cho que legitime abortar? Evidentemente no. La mis­ma Sentencia del TC refe­rida nos dice que el aborto puede ser un medio para la protección de otro derecho que sí goce de protección constitucional, como el de­recho a una vida digna, el derecho a la integridad físi­ca y moral o el derecho a la salud.

Pero para ello se necesita que ese otro derecho esté amenazado y que dicha amenaza sea socialmente verificada (por ejemplo en el caso de malformación del feto verificada median­te informe médico). Por ello insistimos que solo es constitucionalmente admi­sible el aborto basado en supuestos determinados, supuestos que justifican el aborto al existir una fuerte amenaza sobre un derecho precisado de protección hasta el punto de permitir anular un bien jurídico susceptible de protección como es la vida en forma­ción del concebido.

Por José Miguel Payá Poveda, concejal y portavoz del Partido Popular de Petrer.