Recientemente el Tribunal Supremo de Justicia ha dictaminado, después de muchos años de contenciosos, que han de ser los Obispados quienes paguen las indemnizaciones a los profesores de religión de los centros de enseñanza públicos que sean despedidos. Desde el agnosticismo y el mayor de los respetos hacia todos los católicos, esta situación era sangrante en una sociedad democrática como la nuestra y escapaba al sentido común.

Recordemos que son los Obispados los que eligen a los profesores de religión de los centros de enseñanza públicos, pero es el Estado el que les paga su sueldo. No sé que criterios de aptitud pedagógica tendrán en cuenta a la hora de seleccionar a estos profesores, pero lo que sí sé son los fundamentos que en muchas ocasiones han utilizado para despedirlos, como el haberse divorciado, participar en una huelga legal o no ir a misa los domingos. Sin duda, le resultará hiriente a cualquier persona conocer que un funcionario público es despedido por uno de estos motivos para nada contemplados en nuestra legislación laboral. Y que para colmo la indemnización que le corresponde la hemos de pagar del bolsillo de todos los ciudadanos.

Con la sentencia del Supremo se acaba con un privilegio que viene de largo tiempo y que durante los últimos años se ha acogido como defensa al convenio económico-laboral firmado por el Gobierno Aznar y el Episcopado Español en 1999, cuando el Ministro de Educación era el Sr. Rajoy.

Este tema es sólo una muestra más sobre la necesidad de que algún día tengamos un gobierno lo suficientemente valiente como para llevar a los tribunales el Concordato de 1979, alguno de cuyos puntos son, por lo menos, de «dudosa constitucionalidad”. No sería ningún disparate que las relaciones entre la Iglesia y el Estado se rigieran atendiendo a nuestra Constitución. Ello no generaría ninguna injusticia, ni debería ser interpretado “interesadamente” como un ataque a los católicos. Por el momento, tendremos que conformarnos con la alegría que nos despierta la reciente decisión del Tribunal Supremo.