La nueva modalidad de plan de estudios para la universidad de 3 años de grado y 2 de máster, aprobada por el Gobierno de España, es una nueva medida neoliberal contra la ciudadanía. Los argumentos del ministro Wert son que esta reforma permitirá flexibilizar los planes de estudio, aumentar la autonomía universitaria, facilitar la movilidad de los estudiantes, aumentar la empleabilidad y reducir el gasto de las familias en la universidad. Sin embargo, los resultados serán muy diferentes, teniendo en cuenta el marco en el cual se aplica y el contexto y la realidad del mercado laboral de nuestro país. En definitiva, este nuevo modelo restringe el derecho a la educación y, además, promueve la privatización de la misma.

Por un lado, las universidades con un nivel de endeudamiento superior serán las primeras en implantar este nuevo plan de estudios, con el objetivo de reducir el presupuesto. Esto es posible debido a que el nuevo modelo requerirá menos profesores, menos horas lectivas, menos infraestructuras, etc. Esta situación, acentuará las diferencias entre universidades con más capacidades y recursos, y las más maltratadas por la crisis.

Por otro lado, el ahorro de las familias no será tal, puesto que los altos niveles de paro juvenil obligarán a los y las estudiantes a realizar un máster para poder competir en el mercado laboral. De este modo, los hijos e hijas de las familias con menos recursos económicos, que no puedan permitirse costear los estudios de máster, estarán condenados a ser mano de obra barata en trabajos precarios.

Finalmente, tampoco es cierto que se haga para equiparar nuestro sistema educativo al resto de Europa, puesto que cada estado cuenta con un modelo diferente y podemos confirmarlo cuando usaron el mismo argumento para implantar el modelo 4+1 del Plan Bolonia.

Así vemos que esta medida avanza en el mismo sentido que las que se han venido aplicando en materia educativa durante los últimos años: aumento de tasas universitarias en 2009, endurecimiento de los requisitos para obtener una beca y la bajada de cuantía de las mismas. Todas ellas plantean un nuevo concepto de universidad, maleable a las necesidades del mercado, y que deje a una parte importante de la población sin posibilidad de acceder a la educación superior.

Ante este ataque a la educación pública y universal, apoyamos la agenda de movilizaciones que ha trazado el movimiento estudiantil para impedir que esta reforma llegue a aplicarse. Creemos que es el momento de comenzar a construir poder popular también en las universidades y centros de estudio, para recuperar el derecho a estudiar para la mayoría social. Por ello, apoyamos el derecho democrático y legítimo del estudiantado a convocar jornadas de huelga para reivindicar sus derechos, en contra de las medidas impuestas por la Generalitat Valenciana para negar este derecho, como obligar a que la huelga sea aprobada centro a centro o solicitar autorización de los padres para alumnos menores de 16 años, algo que el Tribunal Supremo ha declarado ilegal. En este sentido, apoyamos la jornada de huelga de estudiantes convocada por el Front Estudiantil de les Comarques del Sud para el próximo 26 de febrero.