La propuesta del Gobierno del Estado de alargar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, junto con otras medidas de recorte de las prestaciones sociales, suponen un cambio de rumbo de la política económica y social que sacrifica los derechos de las trabajadoras y trabajadores, los menos responsables de la crisis económica. Unas propuestas que suponen un recorte sin precedentes y un retroceso histórico en derecho laborales, conseguidos después de décadas de lucha. Además, el anuncio de esta propuesta ha generado de manera innecesaria incertidumbre y alarma social, insinuando la debilidad del sistema público de pensiones. Hay que tener en cuenta, igualmente, que España es uno de los paises que tiene la edad mas alta de jubilación de toda la Unión Europea (en Francia,donde la edad de jubilación es a los 60 años, ya se están produciendo fuertes movilizaciones porque el gobierno francés quiere elevarla hasta los 62). Por tanto, partimos del hecho que nuestro sistema goza de una salud sólida, gracias al esfuerzo del conjunto de la sociedad, que se ha materializado en los acuerdos de pensiones desde el año 95. La situación financiera del sistema de pensiones actual es positiva y presenta excedentes en los últimos años de forma recurrente. Este superávit ha sido de 8.000 € en el año 2009 y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social supera los 60.000 millones de euros. Hace tan solo unos meses, el Gobierno proclamaba solemnemente la buena salud de la Seguridad Social, ofreciendo, incluso, la rebaja de cotizaciones sociales a los empresarios.

Por todas estas razones, la propuesta de alargar la edad de jubilación a los 67 años se ha hecho en base de reducir los gastos y no en aumentar los ingresos. La fortaleza de las pensiones ha de asociarse a la creación de empleo, a la reducción de la temporalidad, al aumento del poder adquisitivo de los salarios y a la erradicación del fraude fiscal que limita la capacidad de las administraciones públicas para proteger a las personas que son víctimas de la crisis. ¿Cómo va a crearse empleo, especialmente entre l@s jóvenes, si alargamos la edad de jubilación en dos años? ¿Cual será el coste de esta política en la creación de nuevo empleo si se dificulta el relevo? Y todo en un contexto en el que los mayores responsables de la crisis, el capital financiero y los especuladores urbanísticos, no solamente conservan todos sus derechos, sinó que además reciben ayudas públicas millonarias para “salir” de la crisis. De nuevo son, las trabajadoras y trabajadores y l@s futur@s pensionistas, los menos culpables de la crisis, los que pagan estas actuaciones irresponsables. El aumento de los años para el cálculo de las pensiones, de los 15 a los 20 años, o elevar los años de cotización para generar derecho a pensión de los 15 a los 17 años, inciden en las mismas consideraciones expresadas anteriormente de hacer caer a las espaldas de trabajadoras y trabajadores el peso de la salida de la crisis económica. De hecho, la elevación del periodo de cotización para determinar la cuantía de la pensión de jubilación supondrá una importante disminución de esta, tal y como pasó cuando se alargó el cálculo de los 8 a los actuales 15 años.

Por todo ello, desde el BLOC JOVE Petrer, solicitamos al Gobierno Central la retidada de su propuesta de alargar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, porque, no solamente supondrá un paso atrás en las conquistas sociales de las trabajadoras y trabajadores, que tienen derecho a vivir y a disfrutar la jubilación si así lo deciden, sinó que dificultará la creación de empleo de los más de 4 millones de paradas y parados, especialmente de l@s jovénes. También sería necesaria la retirada de otras propuestas que suponen un recorte de las prestaciones sociales, como ampliar el tiempo para el cálculo de las pensiones o para tener derecho a las mismas, ya que supondría reducir la pensión media y empobrecer a los futuros pensionistas. Por eso, hemos de instar al Ministerio de Economía que acepte alternativas viables y estructurales que se centren en la obtención de nuevos recursos, como una fiscalidad más progresiva, la lucha decidida contra el fraude fiscal, la creación de empleo especialmente de los jóvenes, la reducción de la temporalidad y la dualidad de las modalidades contractuales, el augmento del poder adquisitivo de los salarios, la incorporación en el Régimen General a las personas empleadas del hogar y al sector agrario, complementar las pensiones que no llegan al mínimo a traves de los presupuestos generales, fomentar el uso de la reducción como intrumento de reajuste temporal de empleo, entre otros.

Por último, creemos que la Generalitat Valenciana y nuestro Ayuntamiento de Petrer, instituciones gobernadas por el PP, deben asumir plenamente sus competencias en materia de empleo y dedicar todos los esfuerzos y recursos necesarios en la lucha contra del desempleo, priorizando esta necesidad por encima de eventos costosos, que suponen un despilfarro de los recursos públicos, y dejando de lado la demagogia y la política electoralista de desgaste que constantemente utilizan de cara a las próximas elecciones.