Por Cristóbal Navarro, presidente de Cepyme Alicante
No estoy contento de tener razón en mis pronósticos negativos, hubiese preferido equivocarme y que COEPA se pudiera salvar; las entidades deben estar por encima de las personas pero, en este caso, los responsables se han encargado de pilotar una nave con el rumbo hacia un absoluto desastre, con el agravante de que llevamos mucho tiempo advirtiéndolo. Lo único que pretendían es ganar tiempo y aferrarse a un cargo para el que han demostrado no estar capacitados; han llevado a la ruina a la patronal con una administración nefasta y unas decisiones pésimas. No pretendían ganar tiempo para salvar a COEPA, sino ganarlo para ellos mismos.
Hace más de tres años que la Confederación de PYMEs de la provincia avisaba de la caótica situación financiera deCOEPA y, entonces, era el momento de hacer el concurso, pero sus responsables prefirieron mirar para otro lado pensando en que alguien les salvaría. El propio informe de auditoría interno, que realizó la entidad, ya indicaba que la reclamación del IVFabocaria COEPA a la liquidación. Ahora, el problema es que la liquidación será culposa, provocando responsabilidades a toda la Junta y al Comité Ejecutivo de la patronal.
El concurso de acreedores es una figura jurídica que, utilizada en su momento indicado, se convierte en una estrategia de salvación de la entidad pero, utilizada fuera de tiempo y únicamente como mecanismo para aplazar la liquidación, se convierte en la “manta” que envuelve a toda la Junta Directiva y Comité Ejecutivo, junto con su Presidente, en una responsabilidad personal ilimitada que traerá muchos inconvenientes a personas que componen dichos órganos de gobierno y, a los que luego, se verá decir que no sabían nada ó que no asistían a las reuniones, o bien, que desconocían que existía una responsabilidad personal colegiada por ocupar el cargo.
No creo que el concurso paralice la acción municipal de resolución del convenio, ante un Centro de Oficios cerrado hace tanto tiempo, según se deriva de las propias cuentas anuales de COEPA de los últimos años.
Las responsabilidades a las que el presidente de COEPA aboca a su Junta Directiva son ilimitadas, no solamente por el crédito con el IVF, sino también con las subvenciones recibidas y con las reclamaciones que tiene en curso. No es lo mismo librar sus responsabilidades con un concurso en su justo momento, que plantearlo ahora cuando el concurso sería culpable y la liquidación exactamente igual.
Legalmente el “dolo” supone la intencionalidad del deudor de ocasionar ó agravar la insolvencia con su conducta, mientras que la “culpa grave” no exige mala fe, basta con la omisión de la diligencia exigida al deudor en el desarrollo de su actividad empresarial. El simple hecho de presentar tarde el concurso o la liquidación llevará a sus órganos de administración a una responsabilidad personal ilimitada.
El Presidente de COEPA parece olvidar ahora lo que antaño él mismo invocaba como limitación al concurso, puesto que la Ley General de Subvenciones, no permitirá la celebración con COEPA de convenios ni la percepción de cantidades asimiladas a este concepto”. Además, dentro de las actuaciones llevadas a cabo está, por ejemplo, la venta del edificio de Ruperto Chapí, puesto que puede entenderse, en opinión de los acreedores, realizada en fraude de los mismos ya que ¿Quién cobró de las plusvalías obtenidas? ¿Por qué no se pagó a la Administración Pública con el excedente obtenido? ¿Quien autorizó por parte de la administración esta operación? Las cuentas presentadas en estos últimos años, reflejan claramente la incapacidad de la institución de hacer frente a sus obligaciones de pago y, por tanto, será dificil demostrar que han obrado con la diligencia debida, tal y como exige la Ley.
Desde CEPYME Alicante se considera que el presidente y la Junta Directiva de COEPA deberían haber solicitado el preconcurso y, automáticamente, haber dimitido y puesto el proceso en manos de una gestora. Cuando no lo hacen está claro cuál es el objetivo. No nos vamos a quedar quietos viendo como una confederación quebrada sigue presumiendo, falsamente, de representar al conjunto de los empresarios alicantinos. La imagen que se está dando del empresariado alicantino es absolutamente patética, huyendo hacia adelante, sin ninguna hoja de ruta que permita un acuerdo razonable, únicamente se pretende forzar la prevaricación administrativa para salvar a los responsables de COEPA, ni siquiera a la propia patronal. La representatividad del empresariado de la provincia no puede ostentarse por quien no hace frente a sus obligaciones de pago con subterfugios legales, para prolongar su agonía y dejando a sus trabajadores sin cobrar.
Es de una ingenuidad infantil pensar que la abogacía de la Generalitat Valenciana y el IVF permitirán que las aportaciones de la Ley de Participación Ciudadana lleguen a COEPA. Incluso, la propia CIERVAL, no entregaría ninguna cantidad a COEPA, dado que las retendrían antes para cobrarse las grandes cifras que adeudan.
En todo caso, la Administración autonómica cometería una grave dejación de sus funciones si, sabiendo lo que les adeuda COEPA y a los pagos y obligaciones a los que no va a poder hacer frente jamás, liberase esos fondos.
Si lo que pretenden, con esta medida, es que la Generalitat Valenciana les solucione el problema, dejando de cobrar la deuda, supondría una torpeza del Consell. Sólo nos faltaba que, con los graves problemas que tienen todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y todos los empresarios, se decidiese -desde la Generalitat- el buscar fórmulas para mantener en el cargo a un presidente que no brilla por su honestidad mercantil, instalado en la absoluta deslealtad con la Administración y con los propios empresarios de la provincia, a espaldas de los que han obrado y a los que han expulsado de su organización justamente por señalar estas gravísimas irregularidades.
Desde la Confederación de PYMEs planteamos que la dación en pago del Centro de Oficios es, hoy por hoy, imposible y que, además, Moisés Jimenez, falta gravemente a la realidad de los hechos con las valoraciones que publica. El edificio está en suelo municipal y, por tanto, no vale absolutamente nada como patrimonio de la patronal; además, cualquier solución debería venir de la mano del Ayuntamiento de la ciudad de Alicante que ya ha explicado, en numerosas ocasiones, que no está a favor de ninguna fórmula de ese tipo.
En resumen, ¿para qué van a servir los meses de aplazamiento de este preconcurso? Sólo para huir hacia delante y ralentizar los procesos judiciales y los embargos que ya tienen ahogada a la patronal, pero no servirá para resolver ningún problema. Del mismo modo, la desatención a las obligaciones con los trabajadores a los que, según se ha publicado en los medios de comunicación, se les deben más de tres meses de salarios.
El interés de los máximos responsables de COEPA es evidente: Pretenden ganar tiempo con la Administración y con la Justicia y seguir en el cargo como si no pasara nada, es su única intención. Van a intentar presionar a los dirigentes políticos y, en un intento desesperado, esperar que – tras las elecciones generales de diciembre- se produzca un milagro y que el Gobierno central les salve. Es una situación inverosímil: el tiempo del concurso de acreedores pasó ya, ahora es demasiado tarde y aboca al Presidente, a la Junta y a COEPA a una liquidación culposa con evidentes responsabilidades personales de sus administradores.
La administración de la Generalitat Valenciana debe paralizar de inmediato la liberación de los fondos de la Ley de Participación Institucional, y asegurar el interés público de forma contundente.
