El agua es un bien finito indispensable para la vida que tiene que ser regulado con criterios de eficiencia y solidaridad sobre la base de los principios de igualdad, equidad, no discrimacion y justicia social.

Por ello desde CCOO valoramos imprescindible exigir que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso al agua y y a su saneamiento y que el abastecimiento y su gestión no se rijan por las normas del mercado.

Es fundamental que tanto el Gobierno central español como los diferentes Gobiernos autonómicos, así como todos los partidos con representación en el Parlamento Europeo, exijan a la Comisión Europea que de muestras del compromiso inequívoco de excluir estos servicios de las negociaciones comerciales que están teniendo lugar para alcanzar un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos (TTIP), tratado que, en ningún caso debe provocar en Europa una ola de privatización de los servicios públicos, o la eliminación o rebaja de normas ambientales, ni un ataque a los derechos de las personas trabajadoras.

Consideramos que el agua y sus ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados. Todos los bienes y recursos de la naturaleza, fuente de diversidad biológica, forman parte del patrimonio natural de la colectividad. Reclamamos por tanto un modelo de gestión publica del agua, sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva socio-ecológica respete los derechos de la ciudadanía como servicio de interés general. Creemos que la gestión publica u otra formas de gestión comunitaria pueden y deben prestar los servicios cumpliendo con los estándares mas exigentes de calidad y eficiencia garantizando una gestión transparente en la que participe la ciudadanía.

En aplicación del derecho humano al agua, exigimos una gestión del suministro con criterios de equidad social en las políticas tarifarias. Para ello, resulta fundamental garantizar una dotación minima -cuyo valor debería concretarse, pero que en el contexto mundial esta entre 60 y 100 litros por persona y día- y el compromiso de no cortar el suministro en casos de impago justificados socialmente.

Sostenemos que la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos y mantenimiento de los ya existentes. Pero debe evitarse que especialmente en las presentes circunstancias se produzca una precarización de las condiciones de trabajo y de la seguridad laboral.

Entendemos, no obstante, que no basta garantizar la gestión publica, sino que es preciso promover nuevas formas de control social y de democracia participativa. Por ello, apostamos por un modelo de gestión en el que el ente publico gestor rinda cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos de los que dependa como a la ciudadanía.

Desde CC.OO. velaremos porque las administraciones locales ejerzan la responsabilidad que ostentan en la adopción de las decisiones oportunas que aseguren la sostenibilidad del ciclo integral del agua en la ciudad.