Esta semana se dio a conocer a través de los medios de comunicación locales, la ocupación de una casa de campo en la partida de Puça.
El tratamiento de esta noticia por algunos medios de comunicación, poco acertada a nuestro parecer, ha hecho saltar las alarmas pero no en la dirección que efectivamente deberían activarse.
Desde Sí- Podem ya señalamos durante la campaña electoral que Petrer y la comarca están inmersas en una grave emergencia social y habitacional. Durante estos años de crisis, políticas de austeridad y obligatoriedad del pago de la deuda, se ha dejado de cubrir las necesidades básicas de una gran parte de la población aquí y en toda la comarca. Se han rescatado a las entidades financieras y bancarias mientra que se ha dejado a la gente a su suerte.
La situación desesperada de una familia que tiene restringido el acceso a una primera vivienda es cada vez mayor. Se ha generado una contradicción injustificable. Por una lado, hay cada vez más familias (unas 150/160 en Petrer) que necesitan una vivienda (según informe de EIGE, entidad de infraestructuras de la Generalitat Valenciana), mientras que por otro lado, existe una gran cantidad de casas vacías, la mayoría propiedad de los bancos.
Para Sí- Podem, la ocupación de una vivienda es un grito desesperado de una familia, una situación cada vez más habitual. El intento de criminalizar esta situación y generar una alarma innecesaria, dice mucho del que lo intenta. La alarma social debe activarse en otra dirección. Hay gente sin casa por diversas razones, la mayoría porque se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad a consecuencia de no haber trabajo y si lo hay, es precario. Son los poderes públicos, las administraciones locales las que tienen garantizar un derecho fundamental como es el derecho a una vivienda digna y así paliar esta emergencia habitacional.
Pensamos que el gobierno de tripartito se ha desentendido de este problema concreto. No entendemos que se limite a facilitar información las entidades financieras y bancarias que primero desahucian y luego no quieren que ocupen las vivienda vacías. El ayuntamiento debe de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas defendiendo, por encima de todo los derechos humanos y sociales.
Sí- Podem, seguimos insistiendo que es urgente crear las estructuras públicas necesarias para poner en marcha una política efectiva de vivienda. Un paso importante sería la constitución de la Concejalía de vivienda o Instituto de vivienda con una coordinación con Urbanismo y SS.SS, y con un Consejo ciudadano vinculante, para iniciar las políticas de vivienda que ponga en el centro los derechos humanos. Es igualmente urgente la transformación de la ADESP en un verdadero “instituto de empleo” y una estructuración de los propios servicios sociales. Hay que dar pasos valientes esta dirección.