Resulta curioso el hecho de que en todas las comunidades autónomas se esté impulsando la enseñanza del inglés con argumentos tales como que abre más posibilidades a la hora de encontrar trabajo, es el idioma más hablado en un mundo cada vez más globalizado y, en fin, es una herramienta más que útil para entenderse en prácticamente cualquier país del mundo. Y son ciertos. Lo asombroso es la animadversión que en algunas comunidades autónomas se ha generado en torno al castellano o español, un idioma hablado por 450 millones de personas en el mundo y al que, sin embargo, en este país nos empeñamos en identificar con el centralismo españolista.

Desde círculos nacionalistas se le da al castellano el tratamiento de lengua extranjera, y dotan de un simbolismo siniestro la inclusión de su aprendizaje en los sistemas educativos de sus regiones; esto es, la enseñanza del castellano se (mal)interpreta como una imposición desde Madrid, como los últimos coletazos del más rancio españolismo centralista. Sin embargo, a la par, no dudan en reclamar sus respectivas lenguas cooficiales como lenguas españolas recogidas por la Constitución. Por un lado, está la España opresora que impone su idioma a las nacionalidades históricas (¿podría alguien explicar cuál es exactamente el significado de nacionalidad?); por otro, no dudan en recurrir a la españolidad de sus diferentes lenguas cooficiales para que el Estado les deje hacer y deshacer cuanto les plazca en materia lingüística. Sin embargo, pocos parecen percatarse de que las lenguas, además del aspecto folclórico, han de servir como instrumento para la comunicación entre las personas. El problema viene cuando se politizan las lenguas, cuando se las relaciona con ese sentimentalismo nostálgico y primario con el que los nacionalismos alientan a la rebeldía contra el idioma castellano (o español). Entienden los nacionalistas que el establecimiento del castellano como lengua común de todos los españoles es algo ficticio, consecuencia nefasta del modelo de estado centralista de los borbones, primero, y de la dictadura franquista después. De ahí que pretendan volver al orden natural de las cosas, a reinstaurar aquellos idiomas que, igual de dignos que el castellano, fueron perseguidos, e incluso suprimidos, por circunstancias históricas. Y sí, ciertamente lo que hoy en día entendemos como lenguas cooficiales junto con el castellano (catalán, valenciano, vascuence y gallego) fueron ninguneadas a nivel oficial en el pasado. Sólo así se entiende la cantinela nacionalista de que hay que defender las diferentes lenguas. ¿Cómo oponerse a eso?

La cuestión, en ese caso, habría que continuarla: ¿defenderla de qué? , ¿cuál o cuáles son las amenazas para la pervivencia del catalán, el vascuence o el gallego? A falta de un Felipe V o un general Franco, ¿Quién conspira en la actualidad contra el uso de las lenguas cooficiales? Y aquí es donde reside la gran falacia a la que asistimos hoy en día, que es la de creer que los espíritus de Felipe V y Franco aún gobiernan España, como si la Constitución del 78 no existiera, como si el mero hecho de hablar castellano en Cataluña constituyera una amenaza en sí misma a erradicar. No debieron ver una amenaza en el uso del castellano los senadores catalanes, vascos y gallegos cuando, en un descanso de la sesión plenaria, tomaban despreocupadamente café charlando animosamente…en castellano. Lógico, era la lengua que todos entendían y conocían. A eso nos referimos desde UPyD con potenciar el castellano como instrumento de entendimiento entre diferentes regiones, como lengua común de todos los españoles. ¿Por qué fueron incapaces los senadores nacionalistas de visualizar la situación en la cafetería?, ¿no se dan cuenta de que, al
igual que ellos pudieron entenderse gracias al dominio de una lengua común, también lo pueden hacer los ciudadanos de sus respectivas regiones sin que ello menoscabe la promoción de sus respectivas lenguas?

Ese, y no otro, es el problema: la utilización de las lenguas al servicio de los propios intereses del nacionalismo. Y es que para algunos, en el juego del poder, no vale regla alguna, ni siquiera la que reza:

1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. (Constitución española de 1978)

Al igual que no hay juego sin reglas, tampoco hay democracia sin respeto a las “reglas del juego” que marca la Constitución. Además, quien interprete estos artículos en clave opresora y amezadora para su respectiva lengua, habría que recordarle lo siguiente: o tiene auténticos problemas de comprensión lectora, o bien es un cínico. Una vez más, desde UPyD hacemos un llamamiento a la sensatez, e invitamos al ciudadano a que reflexione críticamente acerca de aquellas posturas delirantes que, ocultas tras la piel de cabritillo ( y de la cobertura (des)informativa de medios de comunicación subvencionados), pretenden instalarse en el día a día de la vida política.