De los productos financieros utilizados por las entidades bancarias para proveerse de liquidez, uno de los más perniciosos ha sido las participaciones preferentes y participaciones o deuda subordinada. Aprobados tanto por la Comisión Nacional de Mercados de Valores como por el Banco de España, los productos (originalmente destinados a inversores y no a clientes) prometían unos intereses de hasta el 7’5%, circunstancia que llevó a muchos ciudadanos a apostar por ellos. En ocasiones estos clientes fueron captados con una insuficiente explicación de los riesgos que se afrontaban al adquirir estos productos de tan alta complejidad -y fallidos finalmente-, lo que ha motivado un enorme movimiento social y judicial una vez que la crisis económica ha degradado su valor.
» Nadie les quiere comprar estos productos financieros y las entidades financieras no hacen frente al pago de los intereses prometidos, de manera que los ahorros de muchos ciudadanos se encuentran invertidos en algo que a día de hoy no tiene valor, generándose un problema social más, que se viene a sumar a la avalancha de los que ya se vienen padeciendo, dado que muchos de los afectados son pensionistas, jubilados, parados y ahorradores de rentas bajas», diagnostican desde IU. «Y las noticias que se vienen anunciando como solución a estos colectivos de afectados por las participaciones preferentes y similares son extremadamente inquietantes, pues se propone la conversión forzosa de las participaciones preferentes en acciones o bonos de las entidades emisoras con una quita de hasta el 50% o 60% de las cantidades invertidas».
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda defiende que las cantidades que se están negociando, por parte de dicho gobierno, para salvar a las entidades financieras de su situación de quiebra, se destine a la recompra, a su valor nominal o de compra, de las participaciones preferentes, las cuotas participativas de la CAM y deuda subordinada, a las personas pensionistas, jubiladas, paradas y con rentas bajas, que adquirieron estos productos.
«Ahora le toca a Catalunya Caixa, las personas que compraron deuda subordinada tienen hasta el 12 de julio para aceptar el canje que les ofrecen, desde EU recordamos que quienes decidan no ir por la via judicial, elijan o no el canje, pueden solicitar arbitraje por la cantidad que van a perder, es decir por el resto, en su entidad bancaria. La OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) es un servicio que presta este Ayuntamiento, de asesoramiento, el cual está en “peligro de extinción” con la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local del PP, invitamos a el Pueblo de Petrer, a que sigan utilizándola y se informen sobre esta y otras muchas materias», dicen desde el partido. «Otro frente abierto cuya noticia esperamos como agua de mayo, es el resultado de la denuncia colectiva interpuesta por vía penal por la Plataforma, contra la CAM, en la Audiencia Nacional, que podría sentar precedentes, para que otros futuros afectados puedan recuperar el 100% de su dinero, acudiendo a la vía judicial, aunque tan difícil nos lo ponga el PP con sus tasas judiciales».