El portavoz municipal de BLOC-Compromís en el Ayuntamiento de Petrer, David Navarro, ha anunciado que este grupo político presentará al pleno ordinario de este jueves 31 de enero una moción a favor de la financiación del servicio domiciliario de Teleasistencia. Navarro ha explicado que «el IMSERSO hasta el año pasado financiaba un 65% del coste del servicio, a través de un convenio con la FEMP y ahora ha eliminado esta partida presupuestaria».

El servicio de teleasistencia consiste en un sistema electrónico que facilita el aviso automático a los servicios de emergencia. Según define la propia web del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) la teleasistencia es «un recurso que permite la permanencia de las personas usuarias en su medio habitual de vida, así como el contacto con su entorno sociofamiliar, evitando el desarraigo y asegurando la intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad y mejor calidad de vida».

El edil valencianista ha reconocido que la Diputación de Alicante, que hasta ahora cubría el 35% restante, ha decidido cubrir también la parte que hasta ahora sufragaba el IMSERSO, una entidad estatal dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el marco de un convenio con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).

No obstante, «a diferencia de otras gobiernos autonómicos, la Generalitat Valenciana no ha habilitado una partida especial para suplir la parte que ya no financia la Administración General del Estado», cuando se calcula que hay cerca de treinta mil valencianas y valencianos que se benefician de este servicio.

Según la información de la que dispone el BLOC-Compromís, por el momento la Diputación de Alicante cubre las necesidades de este sector, pero «en nuestra moción reivindicamos que, si no lo hace la Generalitat, el IMSERSO debería volver a cubrir lo antes posible ese 65% del coste de la teleasistencia que ha venido subvencionando hasta 2012, ya que es de cajón que para rellenar ese agujero la corporación provincial debe retraer fondos de otras partidas igualmente necesarias para fines sociales».