Editorial

La historia me llega el primer día de unas vacaciones que ya venía atrasando, y en las que sólo tengo una regla: no sentarme delante de una pantalla de ordenador. La escucho con la mayor desgana posible,  al teléfono en la arena de la playa, y trato de ignorarla, pero se queda conmigo. Tiene algo, desde luego. Pero no es algo, como he escuchado comentar en las últimas horas, del tipo: «¿No se lo imaginaban los agentes?, ¿qué querían conseguir con esta denuncia?» No, no es tan obvio ni matemático, y una suerte de impredecibles deben alinearse para que una noticia, de las decenas de miles que surgen cada día, sea leída por todo el globo.

1. No lo puedes predecir.

Damn! Para que una noticia local resuene de esta manera, lo más plausible es que se debiera a un suceso trágico, o insólito en grado sumo. En ambos casos, y siendo noticias de impacto, de shock, más susceptibles de provocar morbo o fascinación que de mover a una auténtica reflexión y debate social. En esta ocasión, y estando presente cierto grado de extremismo, de insólito, ha sido su valor para ilustrar una ley, la de Seguridad Ciudadana, la que le ha otorgado ese gran recorrido. Así, y unido a otras denuncias realizadas al amparo de la ley y que los medios también han recogido, como la realizada a una mujer prostituida por una mafia o a un vecino de Tenerife que criticó a la alcaldesa y a la policía local en las redes sociales, la noticia ha servido para componer una visión y un discurso sobre la «Ley Mordaza».

Centenares de miles (tal vez millones) de lectores también se han visto identificados con la vecina de la localidad, que ha pasado de ser denunciante a denunciada. Y a raíz de ello, y eso es algo que también ha quedado reflejado en miles de comentarios, también ha habido un componente percibido como de indignación e injusticia que ha ayudado a expandir la noticia. Igualmente, creo, ha ayudado en esta difusión internacional la polémica que arrastraba ya la ley, condenada sin paliativos por organismos como Amnistía Internacional. Esa presión, también desde medios judiciales (recordemos que ahora son juicios de faltas sin tutela judicial) , quizá fue la que llevó a suavizar el primer borrador de la ley, eliminando por ejemplo, algunas de las conductas más polémicas, como las que sancionaban los «ultrajes a España», o la prohibición a los periodistas de grabar a la policía. Pero, con todo, uno ni puede ni atisbar tal repercusión…

2. Una vez que la noticia está fuera, ya no tienes ningún control sobre la misma

Uno de los primeros lugares donde salió la noticia fue en el agregador Menéame. Después, a medios nacionales, también televisiones. Se propaga también con rapidez por las redes sociales y por páginas sectoriales. Más tarde, se hace eco el británico ‘The guardian’, y poco después también las agencias de noticias. Una vez en este punto, la noticia ya es una bola de nieve, y sólo puedes esperar que la historia sea contada de manera fidedigna y, si acaso, que citen y otorguen cierto crédito al medio de origen, en este caso Petreraldia (Petrer al dia, han referenciado casi todos).

En este sentido, fue un acierto ocultar el nombre de la vecina afectada (que, por cierto, está de vacaciones, ajena a esta polémica), que ha visto preservado su anonimato, hasta que ella quiera (si lo decidiese) hablar, sin que este incidente la determine en el futuro, por ejemplo cuando busque trabajo y su empleador decida hacer una búsqueda web sobre su persona. También ocultar la matrícula del coche policial, por la que se podría haber rastreado la identidad de los agentes, que igualmente permanecen anónimos. Decisiones responsables de una tórrida tarde de verano que protegen a sus protagonistas sin desvirtuar la historia y que me alegro de haber tomado.

En el proceso se observan muy bien ciertos patrones de expansión, como la ascendencia de los medios líderes -medios internacionales citarán ya en su pieza a The Guardian, o a Newsweek, o a Digital Trends, etc.- y en redes sociales, el tirón de personalidades influyentes. Igualmente, que las agencias de noticias seleccionen la historia en su agenda y la difundan es casi obligatorio para un impacto mundial.

Este aspecto revela también carencias inherentes de la profesión, provocadas más por la realidad de la industria informativa y sus ritmos de producción que por desidia, como la falta de contraste de la información, con unos medios citándose a otros sin acudir a la fuente (con excepciones, claro). En este caso, se han propagado ciertas imprecisiones de nuestro artículo original -que más tarde comentaré- y se han creado otras nuevas en la traducción, como el cargo de Portillo, identificado vastamente como un portavoz de la policía local («a spokesman for the local police») y no como el concejal de área  («councillor in charge of the local police»), dando, en ocasiones, la idea equivocada de que está a favor de la denuncia.

Pero, en general,  y es todo un logro, lo relevante de la noticia, su motivo último, ha llegado inalterado a los lectores de todo el mundo: una ciudadana española ha sido denunciada por dos policías locales, en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, por subir a Facebook una foto de un coche policial aparcado en una plaza de discapacitados (con el mensaje: «aparcas donde te sale de los cojones y encima no te multan»), y podría enfrentar una sanción administrativa de hasta 30.000 euros. La policía la identificó, denunció y le notificó la denuncia en su casa en menos de 48 horas, a pesar de que la foto sólo había durado horas en la red social.

 3. En Internet es imposible limitar la libertad de expresión

Y ha saltado el debate, con comentarios de lectores en casi todos los medios que la han recogido: ¿Qué protege esta ley: el honor de los agentes o la seguridad ciudadana? En declaraciones a La Sexta, el intendente de la Policía Local, Antonio Amorós, habló de «grave ofensa a la imagen del cuerpo»; en TVE1, el subintendente Fermín Bonet declaró: «La actuación del cuerpo ha sido en todo momento está ajustada a derecho; los agentes con buen criterio procedieron a sancionar lo que ellos entendieron como una grave ofensa a la labor policial». Con estas declaraciones, en la que los mandos de la Policía Local apoyan la actuación de los agentes, y con la prueba de carga que es la misma foto (en la que no aparece ningún agente y en un principio no puede apreciarse «peligro» para ellos o la operación, artículo de la ley por el que ha sido denunciada), el debate ha sido genuino y ajustado a la realidad.

¿Ha sido un abuso de autoridad la denuncia? ¿Era necesaria esta ley en España? ¿Se ha creado para limitar libertades civiles, como la libertad de expresión o el derecho a manifestación? ¿Caminamos hacia un estado policial? Estas y otras preguntas han sustentado un intenso debate, internacionalmente decantado, con claridad, en contra de esta ley. Así que, ¿qué pretendían los agentes con la denuncia, impedir una mala imagen de la institución? En ese caso, les ha salido el tiro por la culata. Y las decenas de miles de comentarios críticos con su labor, ¿también serán denunciados? Es evidente que no, aunque sólo fuera por cuestiones operativas, pero la ley no puede ser circunstancial, para unos sí y para otros no. Y en este sentido, ¿están más protegidos los comentarios vertidos en un medio que en una red social? ¿Tiene más libertad para opinar de España un danés o un ecuatoriano que un español? ¿Qué pasa si un español deja un comentario en un medio extranjero?

Pero también puede ser que los agentes pretendieran  realizar toda una declaración de intenciones sobre el uso de las redes sociales, y que la denuncia fuera una llamada de atención para impedir que en el futuro se reproduzcan actuaciones como la de la vecina multada. Y en ese caso, también ha habido mucha contestación: «todos los españoles deberían desobedecer masivamente la ley», comentan en un medio anglosajón; otros muchos se acuerdan de Franco. Pero también ha sido objeto de un debate muy interesante: ¿Es lícito denunciar en las redes sociales, cuáles son los límites? Vivimos en un mundo plagado de medios y formas de difundir la información, y la legislación, no sólo la nacional, aún no ha dado con la tecla de estos tiempos.

4. La «Marca España» es (afortunadamente) algo más que publicidad y marketing.

Sea como fuere, el debate ha puesto a la «Ley Mordaza» en la picota, generando también «Marca España» para desagrado del gobierno. No importa cuántos millones se inviertan en publicidad, siguen pesando más los hechos que los eslóganes, y las leyes que las proclamas.

«El mundo os está mirando», ha sido otro comentario que he leído. La presión está ahora en la instrucción de la denuncia que hará la Subdelegación del Gobierno. Y he aquí el error de la noticia original, dábamos por entregada la multa o sanción (que podría estar en unos 800 euros según juristas consultados) cuando todavía no ha sido así; la entrega de la notificación de la denuncia por los policías en la casa de la vecina llevó a la confusión a nuestra fuente (y a la misma denunciada, que poco después iría a entrevistarse con el equipo de gobierno). En todo caso, estadísticamente, la Subdelegación del Gobierno -el gobierno que ha impulsado la ley- decide en un alto porcentaje a favor de la autoridad, en este caso la  policía, que en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana incluso ve reafirmada su potestad. De imponerle finalmente sanción, sería la denunciada la que debe iniciar un proceso judicial -repetimos, la nueva ley obvia la tutela judicial- para recurrirla. ¿Influirá en la decisión de la Subdelegación del Gobierno el revuelo internacional que se ha causado? Eso no lo sabremos nunca.

Luis H. Villaplana es el director de Petreraldia