Ayer se levantó el secreto de sumario de la investigación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria que puso al descubierto un entramado societario que blanqueó más de 60.000.000 de euros a empresarios asiáticos.

Según las investigaciones, la trama logró sustraer a través de diferentes mercantiles esta cantidad del control de la Hacienda Pública y acumuló una deuda tributaria de otros 18 millones. El presunto responsable de la trama se servía de diferentes mercantiles y testaferros para coordinar los negocios y las transferencias de dinero, procedente supuestamente de beneficios no declarados de empresarios asiáticos. En la operación han sido detenidas 23 personas y se ha intervenido abundante documentación contable, 200.000 euros en efectivo, numerosas piezas de joyería y 7 vehículos de alta gama. Los saldos bancarios de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones y otros activos financieros de las personas investigadas han sido bloqueados de manera cautelar por orden judicial.

Durante el último trimestre del pasado año, las denuncias formuladas por un robo con violencia de una importante suma de dinero, seguido de una detención ilegal y de otro robo con fuerza, en las que las víctimas estaban relacionadas, despertaron las sospechas de los investigadores. La Brigada Provincial de Policía Judicial y Aduanas de Alicante, en estrecha colaboración, lograron relacionar a las personas involucradas en estos hechos con un entramado mercantil presuntamente dedicado a blanquear dinero procedente de ventas no declaradas de empresarios de origen asiático. Asimismo pudieron concluir que la organización también se dedicaba a la generación y venta de facturas falsas para evadir impuestos, ya que sus datos se cruzaron con otra investigación promovida por la Agencia Tributaria y ya puesta en conocimiento de la Autoridad Judicial.

Un complejo entramado empresarial

Los investigadores lograron desenmarañar una compleja estructura que podría estar transfiriendo grandes cantidades de dinero de forma fraudulenta. Al frente estaría un empresario español quien, a través de sus más estrechos colaboradores, se encargaría de organizar las actividades ilícitas investigadas. Esta persona ordenaría y coordinaría los supuestos negocios jurídicos entre las distintas empresas pantalla, así como las transferencias del dinero procedente supuestamente de los beneficios no declarados de los empresarios chinos. Igualmente, a través de estos colaboradores se encargaría de buscar y coordinar nuevos proyectos e inversiones para los beneficios ilícitamente obtenidos.

En un escalón inferior estaba el encargado de gestionar la empresa financiera del responsable del entramado. Entre sus cometidos estarían los de asesorar en la administración de los bienes inmobiliarios de la organización e informar de las empresas a adquirir para aumentar el entramado societario.

Además, se servían de otros colaboradores habituales que se ocuparían de establecer vías para el envío de dinero al extranjero y para reinvertir los beneficios ilícitos, controlando al mismo tiempo a los testaferros de las empresas pantalla y los ingresos de efectivo realizados por los empresarios asiáticos. Mantenían a su vez contactos con dichos empresarios y con los transitarios e intermediarios aduaneros que gestionan la documentación necesaria para la importación de los contenedores, con las cuales, reales o ficticias, avalaban las salidas de divisas.

Finalmente, los investigadores llegaron hasta los empresarios chinos que, a través de la red societaria creada, remitían a China y otros países asiáticos los beneficios no declarados por su actividad empresarial, eludiendo de este modo sus obligaciones tributarias en España. De acuerdo con la información obtenida, se ha podido constatar la existencia de multitud de transferencias internacionales, realizadas a través de las mercantiles investigadas, que representarían una cifra superior a 60.000.000 de euros sustraídos al control de la Hacienda Pública.

Detenidos y registros

Tras identificar a los implicados en la trama los agentes han detenido a un total de 23 personas en las localidades alicantinas de Petrer (3), Benidorm (3), Elda (7), Elche (3) y en Alicante capital (5), así como otros dos en Los Alcázares (Murcia). En los nueve registros practicados se ha intervenido un disco duro –oculto en doble fondo de una pieza de madera- utilizado como servidor para llevar la contabilidad “B” del entramado,  abundante documentación relativa a la contabilidad “B” de las empresas implicadas, sellos de empresas chinas, facturas en blanco y resguardos de envíos de dinero. También se han decomisado 200.000 euros en efectivo, numerosas piezas de joyería y 7 vehículos de gama alta.

Igualmente se ha obtenido orden judicial para el inmediato bloqueo cautelar de los saldos de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de cajas de seguridad y otros activos financieros a nombre de las personas físicas o jurídicas investigadas.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta, ambas adscritas a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante; por la Comisaría de Elda y por los departamentos de Inspección, Informática y Aduanas de la Agencia Tributaria.