Los portavoces de PSOE, Esquerra Unida y Compromís han anunciado la presentación de un doble recurso contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el Partido Popular, con la que se reforma el régimen de las entidades locales. Los tres grupos coinciden en calificar la reforma de «ataque a la autonomía municipal».
Fernando Portillo (PSOE) destacó que la nueva ley pone en peligro el ejercicio de competencias básicas de los municipios. «Las competencias en Servicios Sociales quedan reducidas a una mera función de órgano evaluador, sin capacidad para la promoción y reinserción social. En Sanidad, se pierde la capacidad para participar en la gestión de la atención primaria. Algo parecido ocurre con escuelas infantiles municipales como ‘Els Peixos’, escuelas de adultos y casos como el del centro ocupacional ‘El Molinet’ de Monóvar, gestionado por la Mancomunidad».
Todas estas competencias se consideran “impropias” y, según matiza el concejal socialista, sólo se podrán mantener si lo autoriza la Generalitat y en las condiciones que marque la administración autonómica, «esto supone un grave riesgo para la prestación de dichos servicios dada la dudosa capacidad del gobierno valenciano para asumir su gestión». También correrían riesgo de supresión las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC), los gabinetes psicopedagógicos y, en el caso de municipios menores, incluso la gestión propia de la recogida de basura, obras mayores y alumbrado.
Por su parte, el portavoz municipal de Esquerra Unida, Javier Martínez, señaló que «esta ley es una nueva imposición unilateral del PP con su mayoría absoluta, con la obsesión de que es necesario recortar por la crisis, pero dando sólo cifras generales y sin ofrecer un informe detallado del ahorro que podría suponer». Martínez ha recordado que la deuda municipal supone sólo el 5% del total de la deuda pública española y, además, la mitad de toda esta deuda municipal corresponde al Ayuntamiento de Madrid y al fuerte endeudamiento provocado por «la pésima gestión del alcalde Gallardón, ahora ministro del mismo gobierno que nos impone la reforma».
El objetivo del PP
«El objetivo de fondo del PP no es otro que acabar con todo lo público y acometer externalizaciones y privatizaciones de los servicios públicos para favorecer a las empresas de sus “amigos del alma”», ha denunciado el edil de Esquerra Unida. En este sentido, ha explicado que el Gobierno de España fijará arbitrariamente unos costes para cada servicio y se retirarán las competencias a los ayuntamientos que los superen para ser asumidas por las diputaciones provinciales.
David Navarro, portavoz municipal de BLOC-Compromís, ha aclarado que «la iniciativa acordada por los partidos de la oposición sigue dos vías diferentes». Desde el parlamento, 50 diputados en el Congreso presentarán un recurso de constitucionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Desde los municipios, se planteará un conflicto competencial en defensa de la autonomía local, para lo que se requiere la adhesión antes del 28 de febrero de una séptima parte de los ayuntamientos que representen al menos una sexta parte de la población española.
La moción que presentarán conjuntamente los tres grupos de la oposición al pleno del próximo 27 de febrero propone que el Ayuntamiento de Petrer se sume a este conflicto en defensa de la autonomía local. «No tenemos esperanzas de que el PP se sume a la propuesta pero, al menos, queremos que el PP de Petrer se posicione: puede unir fuerzas con la oposición para defender la autonomía local y los servicios públicos municipales o practicar el seguidismo a los dictados de su partido dando la espalda a los intereses de Petrer y la ciudadanía, que es a lo que nos tiene acostumbrados últimamente», ha manifestado Navarro.