Los grupos municipales de la oposición participarán mañana en la Trobada per la Defensa del Municipalisme que se celebra en la localidad de Burjassot en rechazo a la reforma de la ley de régimen local impulsada en solitario por el Partido Popular y que ya ha generado alguna que otra protesta, como la convocada hace un mes por los sindicatos.

Según entienden los portavoces del Bloc-Compromís, PSOE y EU, tras la propuesta de los populares se esconde «la privatización de la gestión de los servicios públicos locales, recentralizando primero servicios de los ayuntamientos a las diputaciones y luego externalizarlos concediendo el negocio a empresas privadas».Así, David Navarro, Alfonso Lacasa y Javier Martínez han explicado que con esta reforma el Gobierno central pretende reducir las competencias de los ayuntamientos, que prestarán «servicios obligatorios cada vez más reducidos, sin autonomía y vigilados por técnicas de control dudosamente constitucionales».

Los ediles han hecho hincapié además en que esta reforma de la ley de régimen local no prevee ninguna financiación adicional:»Sin lugar a dudas, la falta de financiación ha sido y sigue siendo el gran problema de los ayuntamientos. Hace años, el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy era uno de los defensores de que las administraciones locales gestionasen un 33 % del total del gasto público. Los ayuntamientos han venido atendiendo lo mejor que han podido las necesidades ciudadanas con sólo entre el 12 y el 14 % del total. Ahora Rajoy, tal y como nos tiene acostumbrados, incumple sus promesas y restringirá aún más la financiación local», han explicado.

Asimismo, los portavoces de la oposición han resumido las características de esta reforma de la ley de régimen local en cinco puntos:

• Reduce las competencias propias (art. 25 de la Ley Básica de Régimen Local). No le da a los ayuntamientos la capacidad para prestar servicios sociales, a lo que se añade reducción de los servicios municipales de prestación play free online pokies obligatoria.

• Generaliza la técnica de competencias delegadas, lo que no es acorde con la Carta Europea de Autonomía Local.

• Limita la prestación de actividades complementarias (a las que califica de “competencias impropias”), esclavas siempre de criterios economicistas: la Escuela Infantil de Els Peixos, por ejemplo.
• Da a la iniciativa económica local un carácter subsidiario, en favor siempre de la iniciativa privada. Otro claro sesgo ideológico del proyecto.
• Les da a las Diputaciones los servicios obligatorios en los municipios de menos de veinte mil habitantes (cerca del 95 % de los municipios de España), y lo hace erigiéndose en juez y parte de cómo se gestionan esos servicios. Además traspasa los servicios a una institución que no es elegida directamente por los ciudadanos, con lo que se rompe el principio democrático.

En definitiva, y según consideran Navarro, Lacasa y Martínez, con esta reforma «se vulnera la autonomía local garantizada constitucionalmente y los principios de la Carta Europea de Autonomía Local. Invade las competencias de las Comunidades Autónomas, sin respetar las que establecen la Constitución y los Estatutos de Autonomía y que hasta ahora había respetado la ley de Bases de Régimen Local. El PP recorta la calidad democrática de los ayuntamientos, y lo que es más injusto, lanza un ataque frontal a la igualdad del territorio y de los ciudadanos que lo habitan y, por tanto, a la cohesión social».

Por todo ello, PSOE, Esquerra Unida y BLOC-Compromís han insistido en la idea de defender el municipalismo y han planteado «la reivindicación histórica de un plan de financiación local que permita a los ayuntamientos mantener unos servicios públicos de calidad y atender las necesidades de la ciudadanía». Asimismo, han denunciado la falta de consenso y han tildado la nueva ley de “imposición” de la mayoría absoluta del PP «que convertirá a los ayuntamientos en unas instituciones más alejadas de los vecinos y debilitará la democracia local».