El PSOE está en contra de la privatización de los registros civiles

Tras la reforma de la ley del aborto, el ministro de Justicia Alberto Gallardón tiene entre manos otra polémica reforma legal, la Ley de Reforma Integral de los Registros Civiles, cuyo anteproyecto ya ha puesto en pie de guerra a un buen número de partidos políticos. Es el caso de los socialistas locales, que este mes presentan una moción para que el consistorio se posicione en contra de la reforma.

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«La ley supone también la desaparición de los Juzgados de Paz y la falta de privacidad», denuncian los socialistas.

El portavoz socialista, Alfonso Lacasa, ha explicado que la ley supone en la práctica “la privatización de un servicio público que se viene prestando gratuitamente desde 1870. Es una vuelta de tuerca más al intento  de privatizar servicios públicos. La reforma entrega a los registradores de la propiedad trámites como las partidas de nacimiento, defunción o matrimonio, las adopciones, los expedientes de matrimonio y nacionalidad, el régimen económico matrimonial o los divorcios, para los que ahora el ciudadano habrá de pagar, además de tener que desplazarse al registro de la propiedad más cercano a su población».

 

Otras de sus consecuencias, ha explicado Lacasa, será la práctica desaparición de los Juzgados de Paz y la destrucción de miles de puestos de trabajo del personal interino, al tiempo que tendrán que destinar a otros lugares a aquellos que hayan sacado plaza por oposición.Otro de los inconvenientes que apunta esta reforma es la falta de privacidad, puesto que dejarán gran cantidad de datos personales de los ciudadanos en manos de empleados privados de los Registros de la Propiedad.

«Esta reforma, pues, conllevará el alejamiento de los ciudadanos de la Administración de Justicia y un grave deterioro del servicio público. Además, no se entiende la puesta en marcha de esta privatización justo ahora que la Administración del Estado ha invertido 130 millones de euros para digitalizar los registros civiles y más teniendo en cuenta que la actual Ley del Registro Civil fue aprobada en julio de 2011 y muchos de sus cambios normativos ni siquiera han entrado en vigor. En definitiva», ha concluido Lacasa, «nos parece vergonzoso hacer una inversión millonaria con el dinero de todos para modernizar el Registro Civil y a continuación dejar a un cuerpo de élite de Registradores de la Propiedad que lo explote, cobrando”.

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