Agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Agencia Tributaria han desarticulado en Alicante -y en pleno Estado de Alarma por la crisis del COVID-19- un punto negro de distribución de drogas. En esta primera fase se ha detenido a tres miembros de una organización dedicada a la distribución de estupefaciente.
Tras varios meses de investigación se pudo determinar la existencia de un entramado criminal dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes a distintas escalas, originando varias líneas de investigación y dando lugar a varias coincidencias operativas con la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, acordándose llevar a cabo las actuaciones de manera conjunta.
Una de las líneas estratégicas de la investigación estaba centrada en una parte de la organización criminal compuesta por un grupo de ciudadanos españoles asentado en la localidad de Elda y otras adyacentes como Petrer, ambas en la provincia de Alicante. Dicha ramificación criminal se sustentaba gracias a la participación delictiva de numerosos individuos afincados en dicha zona, con múltiples antecedentes.
La organización tenía tres funciones perfectamente delimitadas. Una parte del grupo ofrecía apoyo logístico proporcionando recursos materiales y humanos para llevar a cabo actividades de narcotráfico. Esta sección de la organización se encargaba de conseguir vehículos sustraídos, en su mayoría todoterrenos de alta gama, para realizar el transporte de la droga. Estos vehículos, de gran capacidad y potencia, eran claves para poder realizar el transporte de la droga mediante la técnica del “GO FAST”, que consiste en la realización de portes rápidos de la droga por carretera. Por otra parte, había miembros que se encargaban del almacenamiento y custodia de la sustancia estupefaciente utilizando para ello viviendas y locales, denominadas “guarderías”. Un último grupo estaba formado por “correos” que se ocupaban de la distribución de la droga en puntos negros de Alicante.
Cambio de estrategia debido a la aprobación del Estado de Alarma
A raíz del Real Decreto de aprobación del Estado de Alarma como consecuencia de la emergencia socio-sanitaria originada por el COVID-19, la organización criminal investigada, a pesar de disminuir por fuerza su actividad, se vio obligada a modificar su modus operandi y a adaptarse a las nuevas restricciones de circulación existentes. Ello implicaba que los investigados tenían que exponerse más de lo habitual a controles policiales y, a consecuencia de ello, habilitaron como punto de distribución de la droga el propio domicilio de uno de los principales investigados desde donde recogían la droga para transportarla hasta los puntos negros habituales.
Tras las comprobaciones realizadas por los investigadores se decretó el registro en el punto de venta, un chalet estratégicamente ubicada en una urbanización privada con poco tránsito y de muy difícil control. Durante la entrada, varios de los investigados que se encontraban en el interior trataron de huir del lugar, hecho que fue impedido gracias al dispositivo de acordonamiento efectuado en la zona.
En el registro se incautaron más de 3.000 gramos de hachís listos para ser distribuidos, más de diez mil euros en efectivo procedentes de la venta de droga, útiles para el pesaje y dosificación de la misma, terminales telefónicos, dos vehículos utilizados para realizar el transporte de la droga y otro de alta gama que había sido robado y que la organización guardaba oculto en el interior de la finca a la espera de ser utilizado en transportes de droga “GO FAST”.