La «Comisión per un finançament just» ha organizado un acto reivindicativo ante la Subdelegación del Gobierno en Alicante el próximo miércoles 18 a las 11 h, con motivo del tercer aniversario de la manifestación unitaria que reivindicó un cambio del sistema de financiación autonómica.
La comisión, integrada por la patronal CEV, los sindicatos CCOO PV y UGT-PV y los partidos PSPV, Compromís, Ciudadanos y Unides Podem ha actualizado el manifiesto que será leído por representantes de todos ellos, con la reivindicación principal que los Presupuestos Generales el Estado de 2021 recojan una nivelación de todas las Comunidades Autónomas y, que para que este mes de noviembre, el Gobierno presente su propuesta de cambio del sistema de financiación para arrancar la negociación.
«Actualmente, ninguno de los diferentes sistemas de financiación ha tratado con justicia a la Comunitat Valenciana», explican desde la comisión. «De hecho, este año cada valenciana y valenciano ha recibido 237 € menos que la media de ciudadanos del Estado, o 839 € menos que la autonomía mejor financiada, lo cual equivale a un 10% y 29% menos de recursos, respectivamente. Además, se suma la infra financiación e infra inversión, este año, la discriminación conseguirá los 1.600 millones de euros, solo comparando la autonomía valenciana con la media, siendo sin duda una situación insólita. Según los últimos datos de inversiones a las autonomías por habitante, somos la autonomía que menos recursos por habitante recibe; la única que, a pesar de ser pobre, es decir, tenir un PIB inferior a la media estatal, seguimos aportando al conjunto del Estado como las comunidades ricas que disponen de una renta per capita que supera esa misma media estatal. El resultado es, sencillamente, insostenible por más tiempo para el territorio y la ciudadanía valenciana que, sencillamente, sigue siendo aportadora neta al conjunto del Estado», aseguran.
Tanto la patronal, como sindicatos y partidos consideran que la Comunitat Valenciana en general, y la provincia de Alicante en particular, no puede dejar de exigir la reforma de un sistema de financiación injusto y arbitrario, porque de él depende también que la recuperación se pueda encarar mejor.
En este sentido, desde la plataforma se señala que la Comunitat necesita una financiación justa para reforzar la sanidad pública, la educación o los servicios sociales, por lo que se exige el derecho a disponer de los recursos suficientes para afrontar los retos digital y ecológico, transformar el modelo de producción y crear empleos estables y bien remunerados. Tres años después de la creación de la plataforma hay más cohesión en la demanda por el cambio de modelo.
Las principales reivindicaciones de la comisión son:
1. Que en los Presupuestos generales 2021 se recoja una nivelación de la financiación de todas las comunidades autónomas y la valenciana salga de la situación de mayor infrafinanciación de todo el Estado.
2. Que este mes de noviembre el Gobierno estatal presente su propuesta del cambio del sistema de financiación actual para arrancar la negociación de una financiación más justo.
3. Necesidad de superar esta situación financiera para hacer posible unos servicios públicos fuertes y de calidad, necesarios para garantizar igualdad y avances sociales, imprescindibles para la ciudadanía, tal como se ha puesto de manifiesto especialmente durante la pandemia.
Por todo ello las entidades firmantes exigen:
1. Una reforma inmediata del sistema de financiación que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías, que posibilite a los valencianos y las valencianas tener unos servicios públicos fundamentales dignos y ejercer nuestras competencias propias. Una reforma para que nunca más haya ciudadanía discriminada sólo por el hecho de pertenecer a un territorio.
2. Un reparto de las inversiones y una ejecución que atienda una programación racional que acabe con el déficit inversor en la Comunidad Valenciana, que compense en todo caso la insuficiencia inversora en los últimos años y dedique una cantidad de recursos ajustada a nuestro peso poblacional, tal y como recoge la reforma de nuestro Estatuto de autonomía aprobada por Les Corts.
3. El reconocimiento de los déficits de financiación acumulados directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación, y el establecimiento de mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de los anteriores.