LA UNIÓ de Llauradors ha exigido una vez más un apoyo “firme y real” de las Administraciones para “compensar los graves efectos que está provocando la sequía en las comarcas alicantinas”.  En estos términos se ha expresado el secretario del colectivo, Ramón Mampel, explicando que las pérdidas directas en agricultura y ganadería en la provincia ascienden a 80 millones de euros: «Ni el Ministerio de Agricultura ni la Generalitat reaccionan, mientras los daños siguen en aumento porque en Alicante no cae ni una gota de agua desde hace tiempo”.

En este sentido, agricultores de LA UNIÓ procedentes de todas las comarcas alicantinas se concentraron en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Alicante el pasado jueves para reivindicar unas ayudas que compensen “las graves pérdidas que ha ocasionado la sequía en todos los cultivos de la provincia”. Simbólicamente, entregaron a través del registro de la Subdelegación tierra seca, una colmena, una cepa de uva de vino y uva de mesa, un almendro, un olivo, cereal y un melón,  todos ellos cultivos afectados por la sequía, además de fotografías impactantes de los efectos de la sequía en la agricultura y ganadería alicantina.

 Así, LA UNIÓ presentó un documento reivindicativo en la Subdelegación del Gobierno para que sea trasladado a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, quien, de momento hace “caso omiso al drama que está viviendo la agricultura alicantina desde hace unos meses”, manifiesta Mampel. En este sentido, el secretario general invita a la ministra a visitar las zonas afectadas para comprobar in situ el alcance de los daños.

Y es que, a pesar de las graves pérdidas que ya se contabilizan a causa de la falta de precipitaciones, “todavía es una incógnita cuándo habrá ayudas y la cuantía de éstas”. Por el momento, “las Administraciones competentes únicamente hacen promesas pero no llegan a hacerse realidad”, lamenta Ramón Mampel.

Entre estas medidas destaca la concesión de ayudas directas de Estado (de minimis) que permite la legislación para casos como el de la sequía y que pueden ser de una cuantía de 15.000 euros por explotación para tres años; además de exenciones fiscales, de las cuotas de la seguridad social, créditos bonificados y tarifas especiales para el agua de riego, ya que lo que se precisa en estos momentos es dotar de liquidez a las explotaciones afectadas.

LA UNIÓ ha anunciado que seguirá luchando para defender los intereses de los agricultores alicantinos hasta que las administraciones tomen cartas en el asunto.