Con motivo del 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional España se moviliza en favor de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, sumándose así a los actos programados por la organización en todo el mundo.

Cientos de activistas en medio centenar de localidades españolas recogerán firmas de apoyo a tres personas amenazadas por defender los derecho humanos en Sudán, Brasil y la Federación Rusa. Estas firmas pedirán a las autoridades correspondientes que protejan a estos defensores de los derechos humanos y garanticen que pueden seguir desarrollando su trabajo.

Las firmas también se recogen en la página www.actuaconamnistia.org.

En el caso del grupo local de Elda-Petrer, participaremos el día 11 de diciembre en una charla en la Casa de Cultura de Pinoso a las 20.00 horas en torno a esta fecha y el día 15 de diciembre en el acto conmemorativo del 10 de diciembre en Elda, junto a otras ONG que forman parte del Consejo Sectorial de Solidaridad en la Plaza Sagasta durante la mañana.

Los casos sobre los que haremos un especial hincapié son los siguientes:

Girifna, grupo de jóvenes activistas, Sudán. Girifna significa “estamos hartos”. Es un movimiento de jóvenes,
integrado sobre todo por estudiantes de la universidad, que surgió en 2009, justo antes de las últimas elecciones en Sudán, y aboga por la resistencia no violenta al gobierno.

Tras las elecciones los activistas de Girifna se han dedicado a la lucha contra las injusticias, la corrupción y a favor de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y la libertad de expresión y religión. El Servicio Nacional de Seguridad de Sudán (NSS) ha intensificado la represión contra sus integrantes, con confiscación de ordenadores portátiles, detenciones y reclusiones arbitrarias, tortura y agresiones sexuales.

Muchos integrantes de Girifna han tenido que huir del país –por ejemplo, la estudiante de arte Safia Ishaag– y quienes continúan con sus protestas sufren el acoso, ataques y detenciones por parte del NSS.

Laísa Santos Sampaio, defensora medioambiental, Brasil. Laísa Santos Sampaio es defensora medioambiental. Tiene 46 años y es madre de 8 hijos. Vive en Praia Alta Piranheira, una comunidad rural de 350 propietarios, en el municipio de Nova Ipixuna, en el estado brasileño de Pará. Trabaja allí de maestra de escuela y forma parte del Grupo de Trabalhadoras Artesanais Extrativistas, proyecto de mujeres artesanas que elaboran cosméticos, medicamentos y pomadas a partir de frutos y bayas de la selva. Su oposición a la industria maderera les ha ocasionado un riesgo considerable en una región dónde la explotación ilegal de la selva es habitual.

En mayo de 2011, la hermana de Laísa y su cuñado, dirigentes comunitarios que hacían campaña sobre cuestiones medioambientales y contra la explotación maderera ilegal en la región, murieron por disparos de pistoleros a sueldo. Laísa también ha sido amenazada de muerte.

Según la ONG Comisión Pastoral de la Tierra, más de 900 personas han muerto en conflictos agrarios en la Amazonia brasileña desde mediados de los 80 pero menos de 30 de estos casos han llegado a juicio, y sólo unos pocos responsables han sido condenados y encarcelados.

Igor Kalyapin, activista contra la tortura, Federación Rusa. Igor Kalyapin es el presidente del Comité Interregional contra la Tortura, una destacada ONG de derechos humanos rusa. Ha sido amenazado con iniciar contra él actuaciones penales en relación con el trabajo de la ONG y la publicación en los medios de comunicación de artículos en apoyo de las víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Chechenia.

Las actuaciones penales contra Igor Kalyapin constituirían un grave obstáculo para el trabajo que desarrolla el Comité Interregional contra la Tortura en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y reprimirían las críticas que esta organización formula.

Se trata del tercer intento de las autoridades de iniciar actuaciones penales contra Igor Kalyapin con el mismo pretexto. El Comité denuncia que sus miembros sufren cada vez más presión por parte de las autoridades.