Cuando el registro de unos estatutos, en este caso los recientemente aprobados por la patronal COEPA, ponen en peligro el ejercicio de la organización democrática empresarial, la Administración Pública no puede mirar hacia otro lado pensando que únicamente debe registrar, sellar y apuntar…
No señores, rotundamente no. La Administración Pública es y debe ser la garante del cumplimiento de las leyes y nunca deben ser limitativas a la hora de cumplir y hacer cumplir la ley. Los funcionarios deben ser celosos guardianes de los tesoros que les confiamos, de la confianza, la justicia, la seguridad y la protección de la Democracia.
Los “estatutos de la opresión” son esos que permiten que una organización, que un agente social (financiado además con dinero público) se organice como si de un club de amigos se tratara, que elabore unas normas para poder limpiar sus órganos directivos de voces críticas, que quiera perpetuarse en el poder, que tenga la mordaza preparada para aplicarla a cualquiera que pida explicaciones sobre el dinero, la gestión, las necesidades de la entidad, de velar por los fines para que fue creada. Ahora los nuevos estatutos de COEPA se encuentran en fase de registro, enfrentados cara a cara con el aparato administrativo, que tendrá que decidir, su registro o devolución.
En mi opinión, y en el de gran parte de las personas y entidades que han presentado oposición a dicho registro, creo que no hace falta meditarlo mucho para rechazarlos, únicamente con observar la falta de adecuación a lo que exige la ley: “…. y regularán su funcionamiento de acuerdo con principios democráticos”, y observar que la adquisición de votos en la reforma se plantea en la misma línea de despropósito que los anteriores estatutos. Si permitimos que nuestras instituciones se desvirtúen, prostituyan y pierdan su legítima representación, estaremos ante el fin del orden social que nos garantiza nuestra actual forma de vida.
¿Qué nos está pasando? ¿Qué le ocurre a nuestra sociedad? ¿Qué le sucede a nuestros políticos? ¿Cuando va a terminar el ahogo que produce tanta vergüenza? Es preciso que volvamos a poner en valor nuestras instituciones, que las limpiemos de “aprovechados”, que seamos capaces de plantarle cara a las cosas e ir un paso más allá en la defensa de nuestros intereses, de lo que hemos venido haciendo estos últimos años. Sólo entonces podremos emprender la senda de la recuperación económica y política, la que hemos perdido por nuestra “relajación” en el cumplimiento de la ley.
Mientras, seguiremos encajando tarjetas “black”, detenciones de sindicalistas, empresarios, alcaldes que ha hecho de la corrupción su tarjeta de visita. Eso es lo que saben, lo que han estudiado y lo que están dispuestos a ejercer para mantener su inmerecido nivel de vida. Pero sepamos que lo hacen por nuestra pasividad, por las excusas que ponemos cada día al no plantar cara al despropósito que nos rodea, ante pequeñas circunstancias que -de forma aislada- creemos que no son nada pero que se interrelacionan y tejen una devastadora red que nos atrapa a todos. Los nuevos estatutos de COEPA que ahora se intentan legitimar son una prueba más de esta situación.
Mientras sucede todo esto, los que quieren perpetuarse manteniendo sus arcas con el dinero público, siguen diciendo que no hay corrupción, que nuestra economía ya está mejor, que las finanzas ya están saneadas, ¡incluso las propias! Por favor, que nos dejen en paz para poder empezar a limpiar la podredumbre que han dejado y, eso, comienza porque cada uno de nosotros sea responsable en su cometido, en su labor diaria, tanto en la propia Administración como en otras áreas. No nos dejemos oprimir más por situaciones de corrupción, hay que saber decir basta.
Por Cristóbal Navarro, Presidente CEPYME Alicante