Es lógico, porque a pesar del perjuicio o beneficio que para la ciudad pudiera tener o la crítica que los pequeños comerciantes pudieran hacer, todo ha sido sobrepasado por las maniobras recogidas en el caso Brugal, de todos los presuntos amaños del Plan Parcial de Alicante y, por si fuera poco, de las escuchas telefónicas grabadas que hemos tenido oportunidad de oír y que no tienen desperdicio alguno. Un panorama que ha provocado que muchos de los que defendemos la presunción de inocencia y la eliminación de los juicios paralelos, terminemos reclamando que -indistintamente del resultado de la instrucción y del juicio penal- se produzca la dimisión inmediata de los responsables políticos de esta desvergüenza que está dando a conocer nuestra ciudad, en toda la geografía nacional y buena parte del mundo, como un nido de corruptelas, amaños y actividades deplorables capitaneadas siempre por políticos.
El asunto es más fácil de lo que parece. Creo que, casi nadie, estaría en contra de que IKEA abra sus puertas en Alicante si se hace acorde a los intereses de diversos sectores. Otra cosa es aceptar (y encima tener que callarnos) que el mayor pelotazo inmobiliario del siglo se pueda dar delante de nuestras narices, sin tener derecho a la indignación y al rechazo. A no poder denunciar que la apertura e instalación de un macrocentro comercial pueda suponer, al mismo tiempo, el mayor beneficio económico para un solo bolsillo, a la vez que se consigue la ruina de todo un sector, el del pequeño comercio. Los comerciantes, encima, se ven doblemente golpeados por un periodo de escasa demanda de consumo interna y obligados a repartirse la cuota de mercado con un modelo de negocio, el de los megacentros comerciales, que es un verdadero paradigma de ruina y desastre, sobre todo, cuando no se encuentra dimensionado correctamente con el marco urbano y su capacidad de demanda.
En la actualidad, Alicante y su entorno, posee hasta cinco grandes centros comerciales en situación de ruina, abandono o decadencia. Espacios que amenazan con convertirse en auténticos fantasmas provocados por la voracidad inmobiliaria más especuladora que el propio mercado de la vivienda en sus mejores tiempos. Entonces ¿por qué suponemos que uno más grande y más alejado del núcleo urbano, va a ser más rentable? En mi opinión, tendrá un rápido auge y un rápido declive que dejará atrapadas a muchas personas, víctimas de la voracidad de un proyecto exclusivamente inmobiliario y no comercial, como se nos da a entender.
El problema es que, mientras el mercado se reajusta en función de un exceso de oferta y una demanda que no se ha incrementado en los últimos cinco años, serán muchos los comercios y los puestos de trabajo que se destruyan; mientras, la maquinaria oculta detrás del supuesto interés general, termina su trabajo que no es otro que ganar dinero a costa de lo que sea y sin ningún escrúpulo.
Cuando las actuaciones llevadas a cabo para conseguir los propósitos particulares, se asemejan más a la mafia calabresa que a la gestión ordenada por el interés público, debemos decir “BASTA YA” de tomarnos el pelo, de jugar con nuestro trabajo, con nuestras empresas, con el futuro de nuestros hijos, con el entorno territorial adaptado y amañado por colorines, como si dos niños mal criados pudieran cambiar el destino de nuestra tierra: “ésta me la pintas de azul”, “ésta otra la vuelves a dejar como estaba antes”. ¿Pero esto que significa? Pues está claro, el resultado de lo que todos nosotros permitimos día a día que suceda.
Por eso cuando la Generalitat Valenciana propone una ATE (Actuación Territorial Estratégica) basada en una actuación que “acoge actividades que sumen excelencia al territorio, y contribuyan a la calidad de vida de los ciudadanos, acreditando la viabilidad y sostenibilidad económica de la actuación”, le podemos contestar que para conseguir eso, quite a todas las personas de los cargos públicos que consiguen justo lo contrario, la vergüenza de sus habitantes, el desánimo incluso de sus votantes, la desconfianza del consumidor, la falta de ánimo inversor de las pymes, la relajación en el cumplimiento de las obligaciones sociales de todo tipo y la alarma social que las personas que tienen un poco de conocimiento, perciben inmediatamente y que crece por momentos, cuando no se le pone remedio de inmediato.
Ahora además, observamos como el dinero del FROB puede terminar sirviendo para enriquecer todavía más a quien maneja los hilos y pretende quedarse a precio de saldo con la participación de Bankia. Algo que hemos pagado con dinero público, aunque todo sea legal, es una vergüenza añadida a las que ya padecemos.
Y como respuesta a nuestro Presidente Fabra, concluir además que, por desgracia, sí tenemos mucho de qué avergonzarnos: de tener el mayor número de imputados entre nuestros políticos, de tener las cuentas públicas cuestionadas por esconder facturas en los cajones, de no ser capaces de reducir el déficit público, de ver cómo nos ahogan en impuestos y cómo las pymes seguimos siendo las grandes olvidadas y las profundamente despreciadas en el día a día.
Cristóbal Navarro.
Presidente de CEPYME Alicante