Si se aprueba la actual propuesta de ley aborto del Ministro Gallardón, España se alejará de los países de nuestro entorno y quedará con los que en Latinoamérica, África y Oriente Próximo prohíben o imponen duras restricciones a las mujeres que desean abortar.

Con esta ley que quieren imponer, el 95% de los abortos que se realizan cada año en España no podrán hacerse de manera legal. Para el restante 5% de los casos será una carrera de obstáculos que pretende impedir que se realice o cuando menos se retrase de uno a dos meses.

Por otra parte resulta de una crueldad absoluta que una mujer que deseaba su embarazo y que ha dejado de desearlo ante la patología grave que sufre el feto, tenga que demostrar ante un psiquiatra que ese revés le afecta emocionalmente.

Parece que el Gobierno quiere medir ese grado de sufrimiento, asegurarse de que la mujer está realmente hundida, como si esa circunstancia no fuese una presunción lógica y de sentido común. Para ello ha decidido que la mujer tenga que demostrar, mediante un informe psiquiátrico y dictamen preceptivo que la malformación que padece su hijo o hija le provoca tal desequilibrio en su salud psíquica que por ello desea interrumpir su embarazo.

El PP pretende obligarnos a todas las mujeres a  ser madres. Nos tratan como un ser inferior, sin independencia, lesionan gravemente nuestra capacidad y poder de decisión sobre nuestro propio cuerpo, nuestra capacidad de elegir libremente las decisiones que afectan a la maternidad y nuestra autonomía moral, están despojando a la embarazada del derecho a decidir, convirtiendo así la maternidad en una propiedad del estado, eliminando, de este modo, la gran experiencia que supone para las mujeres en sus vidas. Como ella es incapaz de tomar tales decisiones, un psiquiatra debe darle permiso para abortar o no.

Las mujeres españolas que quieran interrumpir su embarazo (las que no hayan sido violadas, o cuyos fetos no sufran malformaciones que pongan en riesgo su salud) lo harán, diga lo que diga la ley. Si tienen dinero, podrán hacerlo con garantías y sin miedo en Francia, en Portugal, en Reino Unido, en Italia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Dinamarca, o en Grecia, por citar algunos países de nuestro entorno. Otras lo harán de manera clandestina, como se hacía en este país en tiempos de Franco, y que hoy recordamos con horror.

Algunos como el Ministro Gallardón, pretende convencernos de que la nueva ley supone un avance para las mujeres por la “falta de reproche penal”. Nos preguntamos si creen que la «falta de reproche penal» es un avance social, cuando esta ley es un bofetón en toda regla a la autonomía y los derechos de las mujeres.

La reforma, que más bien parece una ley de gestación obligatoria, se presenta para contentar a sectores minoritarios y ultraconservadores que tratan de imponer sus dogmas a toda la sociedad, y que no pueden aceptar las cotas de libertad, igualdad y presencia social que hemos alcanzado las mujeres en nuestro país, gracias en gran medida a las políticas de los gobiernos socialistas, que han hecho de la libertad un patrimonio colectivo que debemos defender ahora más que nunca.

Para derogar la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del embarazo, Gallardón y otros responsables del Partido Popular hablan de la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 11 de abril de 1985, y de la ruptura del consenso de 1985. En el primero de los casos ponen en boca del TC lo que éste nunca ha dicho, en el segundo sencillamente faltan a la verdad. ¿Aprobó  Alianza Popular  la ley de 1985? Por supuesto que no.

El TC dejó bien claro, en ésta y posteriores sentencias, que el nasciturus es un bien jurídico protegido por el art. 15 de la Constitución, pero no le corresponde de ninguna manera la titularidad del derecho a la vida. Titular de derechos sólo lo puede ser la persona y el nasciturus no lo es. No se trata, por tanto, de un caso de colisión de derechos: chocan un bien jurídico (el nasciturus) y un derecho fundamental (el de la embarazada). En el mismo título del anteproyecto Gallardón introduce esta confusión cuando habla con falsedad de colisión de derechos.

Pues bien, en 2010 se aprobó no sólo un sistema de indicaciones, sino también de plazos, y se hizo con el apoyo de ocho grupos políticos y con el aval del Consejo de Estado, mediante un informe elaborado por Herrero de Miñón, padre de la constitución, por lo que las sospechas que han estado arrojando sobre la Ley desde el Partido Popular nos parecen infundadas. La vigente ley, recurrida por el PP y pendiente de resolución todavía por el TC, respeta escrupulosamente esa jurisprudencia. Es una ley que el TC no puede declarar inconstitucional, puesto que tiene que hacerlo basándose en criterios jurídicos y carece de ellos. Por eso Gallardón quiere reformar la Ley sin esperar a que se pronuncie el Tribunal y por eso ha presentado este anteproyecto que retrocede a un sistema infinitamente más duro que el de 1985, tanto para las embarazadas como, sobre todo, para las y los profesionales que hayan de practicar la interrupción del embarazo.

En definitiva, esta ley no impedirá que haya nuevos abortos, pero sí aumentará la angustia y la desprotección de todas, y especialmente de las mujeres más jóvenes, más vulnerables y con menos recursos. Imponer a todas las mujeres una legislación inspirada en una moral y una ideología que no es compartida por la gran mayoría de la población es un grave error, porque no hay ley que pueda obligar a ser madre a una mujer que, por las razones que sea, no quiere serlo.