Hay que frotarse los ojos dos o tres veces, cuando desde el PP se le atribuye un carácter de casi extrema necesidad a la implantación de los famosos copagos en el ámbito de la sanidad o de los servicios sociales. Y quizás sea a este último colectivo, al de las personas que necesitan la atención, tanto de las instituciones públicas como la de los centros que trabajan en el ámbito de los servicios sociales, el caso más vergonzante de todos los copagos que se están imponiendo en nuestro país y de manera mucho más significativa en la Comunidad Valenciana,donde nunca se pusieron en funcionamiento las herramientas que emanaban de la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, porque ni Camps, ni Fabra, ni nadie del PP ha tenido jamás la intención de que ese sistema que genera derechos y servicios a los colectivos para quienes va dirigida la ley, se pusiera en marcha.
Y es que, es la propia Generalitat Valenciana, quien mediante el decreto 113/2013 establece una serie de recortes en la financiación de los centros que prestan servicios sociales y que por lo tanto, los ahoga hasta el límite, impidiendo que puedan continuar desarrollando su labor,que por otro lado, es para reconocer públicamente. Estos centros ya vieron como en octubre de 2012, con la aprobación de la orden 21/2012 se les aplicaba copago y se les recortaban prestaciones y servicios a las personas en situación de dependencia y tras la aprobación del decreto 113/2013 ven como como muchas de las personas, que habitualmente utilizaban sus instalaciones, se servían de un recurso que les es tan necesario como legítimo y no van a poder continuar por no poder costeárselo, porque el copago que se les aplicará podrá alcanzar hasta el 90% del coste.
Además, sin especificar, en el mismo decreto pero bajo las sospechas de la totalidad de organizaciones NO LUCRATIVAS que gestionan estos centros, es muy posible que las cuantías a abonar por parte de las personas que acuden a los centros y necesitan de estos servicios sea de 14 pagos. Siendo así, nos informan desde el CERMI (COMITÉ DE ENTIDADESREPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA), que hay muchos casos de personas que deberán abonar 160€ mensuales más de lo que ingresan,quedando prácticamente expulsados del sistema.
Este nuevo atentado contra el sistema de atención a las personas en situación de dependencia,no sólo es dañino para las personas que utilizan estos recursos, al aplicarles otro copago más,sino que además hará tambalear los cimientos del propio sistema, puesto que los centros cada vez tienen más problemas para su financiación, ya que también hay un recorte generalizado del 15% en las subvenciones que reciban los centros, y esta situación se retro alimenta al no poder muchas de estas personas, mantener el abono del servicio, que se les obligará a satisfacer y con ello vendrán cierres de centros por no poder sostenerse económicamente.
Encima quieren que los colectivos que gestionan estos centros que son SIN ÁNIMO DE LUCRO,no vayan a denunciar las situaciones por las que les están haciendo pasar. A todos los colectivos que defienden el mantenimiento de un sistema que de verdad se centre en atender a quienes lo necesitan y no de ver cómo se puede recaudar para mantener edificios y centros que no atiendan a nadie, se les debe sumar la opinión y la voz del pueblo, porque si se quiebra la red de servicios sociales, se estarán cargando aquello por lo que tanto lucharon antes y ahora y que tanto costó construir.
Joaqui Corpus Maestre
Concejal Psoe-Petrer