En nuestra ciudad estamos viviendo una situación verdaderamente grave, el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), una empresa pública, es decir, pagada con el dinero de todas y de todos, y cuyo objetivo es proporcionar viviendas a aquellas personas que las necesitan, esta dedicándose a desalojar a una familia de una vivienda propiedad del Instituto, a la cual accedieron tras comprobar el estado de abandono y la falta de ocupación del inmueble durante un año y tras tener adjudicada una vivienda social desde hacia 5 años.

Esta familia esta compuesta por un matrimonio con escasos recursos económicos y sus hijos, de los cuales uno sufre una enfermedad crónica. Esta ocupación se produjo debido a que la familia no contaba con posibilidades reales de encontrar vivienda por su falta de ingresos. También, como decíamos antes, tenían aprobados desde hacía 5 años el acceso a una vivienda social por parte del IVVSA, quien les decía que no les daba una porque no había casa vacías. Además la ocupación se puso en conocimiento del IVVSA por parte de esta familia alegando que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad. Y por último se entro en la casa sin utilizar la fuerza, entrando con las llaves que le había proporcionado la antigua inquilina del inmueble viendo que llevaba un año vacío.

A parte, del ya de por si grave hecho de que el que el organismo encargado de garantizar el derecho a la vivienda para las personas vulnerables, se dedique, mediante todos los recursos jurídicos posibles e imposibles, a desahuciar a una familia indefensa que no tiene apenas recursos económicos, que tiene a su cargo hijos menores de edad, con el agravante de la enfermedad crónica de uno de ellos; y que ocupo esa casa abandonada porque no tenía otra solución posible para tener un techo en el que cobijarse.

Lo que aún da más gravedad al asunto, si cabe, son las formas, cuanto menos, poco éticas con las que el IVVSA ha tratado a la familia afectada por el desahucio, utilizando, presuntamente, la intimidación, las vejaciones y la coacción, para que estas personas abandonaran la vivienda y se fueran a la calle a vivir, con acciones tales como las de amenazar con expulsarlos de la lista de espera de demandantes de viviendas sociales, amenazando con llevarlos a la cárcel si no abandonaban la casa e incluso diciéndoles que les iban a quitar a sus dos hijos. Es una desvergüenza que una empresa pública con interés social deje a la gente sin casa, pero aún de más grave si cabe son las formas utilizadas para hacerlo.

Ante este atropello a los derechos de estas personas por parte del IVVSA esperamos que la justicia actué y entienda que nos encontramos ante una familia que actuó debido a la grave situación de precariedad económica y exclusión social que sufren. Y que bajo ningún concepto se deje una familia con menores en la calle sin adoptar ninguna medida que les proporciones una vivienda, lo que les abocaría a la precariedad y al desamparo.