El grupo socialista en el Ayuntamiento de Petrer está trabajando en una moción para solicitar al gobierno valenciano la aprobación de un decreto anti-desahucios similar al aprobado por el presidente de Andalucía, el también socialista Pepe Griñán. En este sentido, la intención del PSOE es pedir que la Generalitat promueva medidas como las aprobadas en la comunidad andaluza,  entre ellas «la expropiación temporal de viviendas a los bancos para evitar el desahucio de familias en riesgo de exclusión social, la penalización a bancos e inmobiliarias para que saquen sus viviendas en stock al mercado de alquiler así como otras medidas para incentivar los alquileres sociales», tal y como ha señalado Fernando Portillo, concejal socialista.

El edil considera que las acciones llevadas a cabo por la Generalitat han sido hasta ahora un “fracaso absoluto”. «Así lo demuestran los datos, ya que sólo se han adjudicado 42 viviendas en el Plan Extraordinario de Alquiler Social del gobierno valenciano que se aprobó en 2011, mientras que casi en el mismo período se ha producido 50.000 desahucios según datos del Consejo General del Poder Judicial” , ha explicado Portillo. Además, y tal y como ha matizado, ninguna de las 42 viviendas adjudicadas en el plan son de Petrer, «que continúa esperando que el IVVSA reforme las cinco viviendas cerradas que tiene en la localidad, tal y como se le solicitó a través de una moción presentada por el PSOE al pleno a finales de 2012». Del mismo modo, el socialista ha calificado como “insuficiente” las dos viviendas ofrecidas a Petrer por el Fondo Social de Vivienda del Ministerio.

El PSOE, que ha anunciado que promoverá esta misma medida en Les Corts Valencianes a través de una proposición de Ley en las próximas semanas, espera consensuar esta moción con otros grupos de la oposición, así como otra en la que ya trabajan para pedir la retirada de la reforma de la Ley de Régimen Local.  Portillo ha explicado que para esta última están estudiando también documentos aportados por CC.OO. y el Sindicato de Empleados Públicos y ha calificado la reforma como una privatización masiva de servicios públicos de los ayuntamientos que podría afectar a los servicios sociales, escuelas infantiles, cementerios…