José Antonio Hidalgo no podrá ejercer su condición de funcionario durante los próximos siete años. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Alicante, que ha ratificado la sentencia emitida en 2011 por el Juzgado de lo Penal número 5 de Alicante en la que se condenaba al exalcalde de Petrer a una pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por no ejecutar el decreto de demolición de parte de un bungalow construido en 1996 que no cumplía con el retranqueo mínimo exigido legalmente .

Además, Hidalgo, del grupo municipal EU, deberá hacer frente a las costas del proceso así como indemnizar al afectado, Manuel Belmonte, con una cuantía de 6.276 Euros.

Los hechos por los que ha sido condenado José Antonio Hidalgo se remontan al año 1995, cuando la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, presidida por el propio Hidalgo, otorgó una licencia para la construcción de 12 viviendas unifamiliares, situadas en la calle Río Serpis. Un año después, uno de los vecinos, Belmonte, reclamó al arquitecto municipal la revisión de unas anomalías en las obras. Así fue como el 30 de octubre de 1996 se constató, en un informe emitido por el propio arquitecto, que efectivamente estas obras no cumplían los retranqueos mínimos marcados en la licencia, que eran de 1,60 metros por el lado del edificio y de 80 centímetros por el lado de la pérgola. Hidalgo entonces dictó un decreto que resolvía suspender la obra e iniciar un expediente sancionador, y en el que indicaba que el órgano competente para resolver el expediente es el alcalde y el de la demolición es el Ayuntamiento y subsidiariamente el alcalde.

Poco más de un mes después,  el 20 de junio de 1997, el ex alcalde requirió al propietario de la obra que restaurara el orden urbanístico vulnerado en un plazo de 15 días, y le hizo saber que, de no hacerlo de forma voluntaria, se procedería por la Administración municipal a la ejecución subsidiaria de este requerimiento, algo que no se hizo por ambas partes.

Primer alcalde de Petrer condenado por un delito cometido en el ejercicio de su cargo público

El que fuera máximo representante de Petrer desde 1995 hasta 2007, se convierte así en el primer alcalde de la localidad condenado por un delito cometido en el ejercicio de su cargo. Hidalgo, que ya calificó de desproporcionada esta sentencia en una entrevista concedida a esta publicación el pasado año, se ve obligado a acatar la resolución de la Audiencia Provincial ya que no cabe recurso alguno.